La pareja y sus tres hijos -unos gemelos de 18 años y una adolescente de 16- vivían en un adosado de la calle Armador Valentí, esquina con calle Lanzone. | A.S.

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«He apretado demasiado el cinturón». Gregorio González Pozo, un basurero de baja de 45 años, vivía obsesionado con los celos. No podía soportar que su mujer, Josefa Rodríguez Fernández, quisiera separarse de él. Y que chateara con otros hombres por internet. El maltratador, un 25 de agosto de 2005, atacó a su esposa en el dormitorio conyugal y la asfixió con su cinturón. Luego llamó a la policía y confesó el crimen. Esta es la crónica de un asesinato que conmocionó a los vecinos del Vivero, en Palma, y que se saldó con una condena de 15 años de cárcel para el homicida.

La comisión judicial llega al adosado donde se produjo el crimen.

La pareja y sus tres hijos -unos gemelos de 18 años y una adolescente de 16- vivían en un adosado de la calle Armador Valentí, esquina con calle Lanzone. La relación de la pareja hacía aguas por todos lados, pero Gregorio se resistía a perder a Josefa. Esa noche, pasadas las diez, el hombre espió la agenda telefónica de su mujer y se enfureció porque había números de teléfono de varones. Inició una discusión con ella, pero Josefa se marchó al cuarto y se comenzó a desnudarse, para ponerse el pijama y meterse en la cama. Gregorio, tras subir el volumen de la música para que su hija no escuchara nada, se abalanzó sobre su esposa y la asfixió con el cinturón.

La madre de la fallecida tuvo que ser atendida por los sanitarios.

A continuación, cogió el teléfono y llamó a la centralita telefónica del 092: «He golpeado a mi mujer, está en el suelo». Una patrulla de la Policía Local que se encontraba por las inmediaciones fue la primera en llegar al chalet. La puerta principal estaba abierta. Él les esperaba en el recibidor, sollozando, y justo detrás estaba su hija. Les indicó el camino al dormitorio, en el piso superior. Cuando los agentes subieron se encontraron a la víctima decúbito supino, aún caliente. El cinturón, de tres centímetros de ancho, estaba a su lado. Era el arma homicida. Los funcionarios trataron de reanimarla y después, al llegar los médicos de una ambulancia, continuaron con las tareas de auxilio, pero Josefa ya estaba muerta y todos los intentos fueron inútiles.

El hombre presentaba dos arañazos en el cuello y otros en el abdomen, que le provocó su esposa, tratándose desesperadamente de zafarse de él en la cama. Gregorio fue trasladado hasta el PAC de Son Pizá y después, a la una de la madrugada, quedó ingresado en el Área de Psiquiatría del hospital de Son Dureta. El crimen del Vivero provocó una honda consternación en la barriada y en Palma y se sucedieron, en los días siguientes, las manifestaciones y concentraciones de repudio de colectivos feministas y asociaciones.

Una de las concentraciones de condena que se celebraron en Palma.

La hermana de la fallecida, su cuñado, sus sobrinos y otros familiares residían en Santa Maria, y al parecer también la madre de Josefa. La víctima mortal nació en Santa Eugènia, pero también tenía mucha relación con aquella localidad. «Son muy buena gente y nos hemos quedado de piedra cuando hemos sabido la noticia», contaron unos vecinos de la calle Josep Capó, a la entrada del pueblo. En el bar Es Comerç también fue muy comentada la noticia: «Por aquí viene el cuñado y estamos todos muy impactados».

Gregorio González Pozo sufría depresión y el jefe de su empresa, Agustín, contó que semanas antes del crimen le decía: «No sé que va a pasar», refiriéndose a la relación con su esposa, que se quería separar de él. El homicida contaba que ella tenía un amigo muy especial al que había conocido por internet, del que sentía celos muy intensos, y pensaba que su mujer lo estaba engañando. Las peleas eran continuas. Y el ambiente era irrespirable.

Gregorio González Pozo, durante el juicio contra él que se celebró en 2006 en la Audiencia de Palma.

Un jurado popular juzgó en octubre de 2006 al asesino confeso. Los miembros emitieron un veredicto de culpabilidad por asesinato y poco después la Audiencia Provincial de Palma condenó a quince años de prisión a Gregorio González Pozo. En la sentencia, la magistrada Margarita Beltrán ordenó también al acusado a indemnizar con 120.000 euros a la hija menor del matrimonio, por los daños morales causados. La magistrada consideró probado que el asesinato se produjo después de que la pareja discutiera por las advertencias de ella de abandonar la casa y de irse con otros hombres. Reconoció la «perturbación anímica» que estas expresiones podrían haber provocado en el acusado, pero entendió que no le impidieron controlar sus actos. Su mujer le había denunciado varias veces por malos tratos y aunque algunas veces María Josefa abandonaba la casa familiar, a los pocos días regresaba. Gregorio, durante todo el juicio, reconoció que era «un enfermo de los celos».