Piden una multa mínima de 20.000 euros para un local de la Playa de Palma con vigilantes sin permiso

En concreto, según ha informado la Policía este sábado en una nota de prensa, un local y una empresa de servicios que trabajaba para un establecimiento, han sido propuestas para una sanción de entre 20.000 a 600.000 euros, mientras que los individuos que realizaron funciones propias de vigilantes de seguridad sin la habilitación requerida se pueden enfrentar a sanciones de entre 6.000 y 30.000 euros, al igual que la persona que hacia funciones de director de seguridad sin la habilitación específica para ello.

Durante la investigación, se determinó que la empresa de control de acceso investigada ofrecía servicios auxiliares y controladores de acceso, cuando realmente hacía funciones de vigilancia y protección.

La Ley de Seguridad Privada dispone en relación a la empresa investigada que trabajaba para un recinto que la prestación de servicios de seguridad privada a terceros sin autorización es una infracción muy grave. De igual modo, el otro local puede haber incurrido en una vulneración muy grave de dicha ley por la contratación directa de personas para realizar funciones específicas de seguridad privada sin autorización. Y, los trabajadores --tanto controladores como auxiliares del establecimiento-- estarían cometiendo un quebrantamiento muy grave de la norma por realizar funciones de seguridad privada sin la habilitación necesaria.

Durante la investigación de uno de los locales se pudo asimismo averiguar como un vigilante de seguridad golpeó en varias ocasiones a un cliente por lo que se le propuso para sanción muy grave de acuerdo con la Ley de Seguridad Privada, donde se recoge textualmente que será sancionable dicha acción «cuando la realización, orden o tolerancia, en el ejercicio de su actuación profesional, de prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, incluido el acoso, que entrañen violencia física o moral, cuando no constituyan delito».

La Unidad Territorial de Seguridad Privada en Baleares estará vigilante en el inicio de la temporada turística de 2024, en todos los establecimientos de ocio del archipiélago para que no se repitan dichas acciones y, en el supuesto que fueran detectadas, serán inmediatamente propuestas para sanción.