Condenados por la muerte de un pintor tras un escape de gas en una casa en Son Servera

Los acusados, asistidos por los abogados José María Alonso y Sion Ramis y Andreu Rotger, no tendrán que cumplir la pena de cárcel siempre y cuando no vuelvan a delinquir en los dos próximos años. Ambos enjuiciados quedan inhabilitados para desempeñar sus profesiones por un plazo de tres años.

El trágico suceso se remonta a principios de 2020. Entre enero y febrero encargaron a un empresa diferentes obras en una vivienda del Camí de Ses Rumies de Pula, en Son Servera. Uno de los procesados, fontanero autónomo, fue contratado por la compañía encargada de la remodelación. Su tarea era la instalación de una caldera activada por gas propano que contaba con un doble tubo. Uno de ellos aspiraba el aire y el otro para expulsar los gases quemados. Este último debía estar dirigido al exterior.

El 3 de febrero de 2020, uno de los acusado llevó a cabo la instalación de dicha caldera en el garaje de la vivienda. Todo parecía correcto. Faltaban los controles de verificación, que debía realizar el fabricante del aparato. Dicha empresa se puso en contacto con un técnico, que el día 12 se desplazó a la finca. El profesional observó que la salida de humos no había sido puesta de manera correcta, ya que no estaba dirigida hacia fuera. Pero como no había fuga de gas, elaboró un informe positivo y la autorización del aparato.

A pesar de ello informó de manera oral al fontanero de que era necesario redireccionar dicho tubo para evitar problemas. Y se marchó de la vivienda. La instalación se quedó como estaba y antes de abandonar la casa se activó la caldera. Como consecuencia de ello se produjo una gran condensación en el interior del aparato, que propició la emisión de monóxido de carbono «en grandes cantidades» en el interior de la vivienda.

A la mañana siguiente se presentó en el lugar un pintor. Un alemán de 54 años contratado para adecentar las paredes de la vivienda. El varón, sin ser consciente de lo que sucedía, empezó a inhalar los gases y poco después entró en parada cardiorrespiratoria. Finalmente falleció en la misma finca. Días más tarde, y tras comprobar lo ocurrido, la Guardia Civil arrestó a los dos trabajadores encargados de la instalación.

Inicialmente la Fiscalía solicitaba tres años de prisión para cada uno de ellos. Tras el acuerdo alcanzado por sus abogados con la Fiscalía la pena quedó fijada en un año. Los familiares de la víctima renunciaron a la indemnización que pudiera corresponderles. La jueza dictó sentencia 'in voce'.