Operación practicada por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. | Alejandro Sepúlveda

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Les dieron gato por liebre. Querían evitar ser sancionados con multas millonarias o incluso con la demolición de sus viviendas o locales y se encomendaron a cuatro falsos funcionarios del Consell de Mallorca que al final no eran más que meros impostores y estafadores. Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas como presuntos autores de un delito de estafa y pertenencia a grupo criminal.

Los arrestados idearon una trama delictiva en la que aseguraban falsamente tener contactos dentro de la Agencia de Defensa del Territori de Mallorca (ADT), perteneciente al Consell de Mallorca, que les permitía anular sanciones impuestas por dicho organismo como consecuencia de la resolución de los expedientes abiertos por la comisión de infracción de la Institución Insular. Mediante este engaño, los detenidos habrían logrado que varias personas que habían sido sancionados por la ADT por infracción en sus fincas les entregaran diversas cantidades de dinero con el supuesto objetivo de los integrantes de la trama les anulasen las sanciones. Hasta la fecha y a falta de poder identificar nuevas víctimas, los agentes responsables del caso han podido constatar que el dinero obtenido supera con creces los 370.000 euros.

La investigación se inició como consecuencia de una denuncia interpuesta por una de las víctimas, la cual al ser conocedora de que se le había interpuesto una sanción por haber realizado obras en suelo rústico y, a través de unos conocidos suyos, se puso en contacto con uno de los presuntos autores de la trama, quién ejercía fundamentalmente la funciones de captador y recaudador.

Esta persona realizaba la entrega de dinero recibido a otro de los ahora detenidos quien, a su vez, sería el encargado de gestionar el asunto con un falso contacto que tenía en el Consell. Otro de los arrestados, en su calidad de arquitecto y en representación de las víctimas, llevó a cabo algunas gestiones de trámite ante la Administración a fin de aparentar ante éstas que el dinero invertido se estaba dedicando a obtener la cancelación de la sanción. Sin embargo, tras analizar los expedientes se pudo comprobar que dichas gestiones eran un acto de cara a la galería. Las sanciones eran firmes y no cabía recurso alguno.

El Grupo de Delitos Tecnológicos concluye que los detenidos se habrían aprovechado de la situación límite, tanto económica como mental, para convencerlas de que realizaron los pagos que solicitaban. Algunas sanciones superan los 500.000 euros de multa o derribos. Ahora, los afectados también han perdido los descuentos de pronto pago, les aplicarán intereses de demora y algunos de ellos están sufriendo embargos.