Los hechos se remontan al año 2018, cuando la víctima tenía 14 años. Según lo que relata la Fiscalía, el presunto autor del delito de abuso se aprovechó de la situación de marginalidad y desarraigo, y la convenció para mantener relaciones sexuales con él durante un mes. En todo momento, la menor no se negó a mantenerlas porque mantenían una relación sentimental.
El acusado negó en todo momento tener relación con la denunciante. «La conozco del barrio, pero nunca he estado con ella, no sé nada sobre ella», explicó. De hecho, el procesado, que estuvo privado de libertad por esta misma causa desde 2018 hasta febrero de 2023, afirmó que «solo conozco a su prima, pero juro por dios que no la he tocado».
Por su parte, la menor, que actualmente tiene 20 años, aclaró que «vivimos juntos en una casa de Son Gotleu y teníamos relaciones cada día, incluso tuve que abortar porque me quedé embarazada». A su vez, la perjudicada insistió en que en ningún momento fue forzada. «Tuvimos una relación durante más de un mes, no me forzó aunque en muchos casos yo no quería, pero como tenía que dormir con él, pues accedía».
La joven estuvo interna en un centro de menores, del que se fugó en varias ocasiones, para estar con el denunciado. «Me fugué un par de veces para estar con él», manifestó ante el Tribunal.
A su vez, la prima de la denunciante siguió con el mismo discurso que su familiar. «Estuvieron juntos durante algo más de un mes. Yo vivía en la misma casa que ellos y los escuchaba por las noches», comentó. Sin embargo, también asumió que sufre un proceso lento de maduración y que «miente bastante».
Además, la técnica del IMAS corroboró la versión de la víctima y afirmó que acompañó a la menor al hospital, concretamente al área de ginecología en la que dio positivo en un test de embarazo. «La acompañé en una ocasión porque no se encontraba bien y le hicieron la prueba después de ver que tenía una infección de orina», confesó.
Por último, el Ministerio Fiscal se mantuvo en su idea inicial y pidió doce años de prisión para el acusado y la prohibición de acercarse a la denunciante por un tiempo de veinte años, además de una indemnización de 20.000 euros.
