Juzgan a un celador por agredir sexualmente a una paciente de Psiquiatría

En esta causa también están acusados, como responsables civiles directo y subsidiario, respectivamente, la mutua Relyens y la Comunidad de Madrid, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas. Se juzgan los hechos ocurridos el 29 de abril y el 1 de mayo de 2021 en la planta de Psiquiatría del citado hospital público madrileño, donde, según las acusaciones, Roger L.C. entró a la habitación de la joven aprovechando que era celador, le ofreció droga y cometió dos delitos calificados entonces de abuso sexual, ahora agresiones sexuales.

La Fiscalía detalla en su escrito de acusación que la víctima, que era tratada en salud mental desde los 13 años, estaba ingresada en ese hospital por orden judicial desde el 28 de marzo de 2021 y su situación era de «especial vulnerabilidad psicopatológica, llegando a autolesionarse inmediatamente después de suceder los hechos» juzgados, que hicieron que se agravara la enfermedad que sufría.

El acusado era celador interino y, según el relato del Ministerio Público, el 29 de abril de 2021 acudió de madrugada a la habitación de la joven, a quien antes había dado dos cigarros, y le ofreció cocaína mientras le decía si se quería «animar más», tras lo que ambos ingirieron la droga y él comenzó a tocarla. Finalmente la obligó a hacerle una felación. El 1 de mayo, y «movido por el mismo ánimo de satisfacer sus deseos sexuales», el celador volvió a la habitación de la víctima y acabó violándola, detalla la Fiscalía, que recuerda que desde tres días después, el 4 de mayo, un juzgado dictó orden de alejamiento para el investigado.

Para la Fiscalía se trata de un delito continuado de abuso sexual (agresión sexual con la nueva norma) por el que pide para el acusado diez años de prisión, diez años de libertad vigilada después y 13 años de alejamiento, así como una indemnización de 20.000 euros de la que considera responsable civil directo a la aseguradora y responsable civil subsidiaria a la Consejería de Sanidad madrileña. Para la acusación particular, que ejerce el letrado Juan Manuel Medina, se trata de un delito de promoción y facilitación del consumo de drogas y de dos delitos de abuso sexual con acceso carnal (ahora agresión sexual) por los que pide 26 años de prisión, 20 años de libertad vigilada, alejamiento de la víctima y una indemnización de 20.000 euros de los que -al igual que dice la Fiscalía- deben responder la aseguradora y la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la defensa del acusado sostiene que no es culpable de los delitos que se le imputan y, en caso de apreciarse que tiene responsabilidad, concurría una eximente completa por consumo de drogas, han informado fuentes jurídicas. La Comunidad de Madrid se opone a ser condenada como responsable civil subsidiaria argumentando que presta el servicio público sanitario «pero ello en absoluto implica que participe ni activa ni pasivamente en las intervenciones clínicas o decisiones médicas que se adopten por los facultativos», según las mismas fuentes.