Imagen de la joven sentenciada este viernes en Palma. Su pareja admitió los hechos a través de videoconferencia desde prisión. | J.P.M.

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Un juzgado de lo Penal de Palma condenó este viernes a sendas penas de cinco años cárcel y a una multa de 1.620 euros a la pareja que atacó el pasado mes de abril con pistolas de balines y spray pimienta a sus inquilinos morosos en un piso de la calle Fábrica de la capital balear. Los procesados, el joven desde prisión, se declararon culpables de los delitos de lesiones, allanamiento de morada y realización arbitraria del propio derecho.

Los dos acusados, que fueron asistidos por Toni Vidal y José Ramón Orta, ya han indemnizado a los dos perjudicados, representados por David Cortés, en 7.250 euros por las heridas sufridas en el ataque y deberán abonar en los próximos meses otros 4.250. Ambas penas de prisión quedan suspendidas y el joven, que se encuentra en prisión desde que fue arrestado por la Policía Nacional, fue puesto ayer mismo en libertad.

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El suceso, del que informó en exclusiva Ultima Hora, tuvo lugar la tarde del 30 de abril. La pareja acudió al domicilio propiedad del abuelo del acusado, ubicado en el número 8 de la calle Fábrica. Los dos enjuiciados habían tenido una serie de disputas con los perjudicados, que llevaban meses sin abonar el alquiler. Ese día se personaron en la vivienda con pistolas de balines y spray pimienta y lograron acceder al piso tras empujar a los inquilinos. Una vez allí los agredieron.

Uno de los moradores sufrió, entre otras cosas, heridas por disparos de balines en la espalda, distintas abrasiones por todo el cuerpo, mordeduras en un dedo y le tuvieron que suturar una lesión craneal. Su novia también resultó lesionada en el violento suceso. Asimismo los dos acusados se llevaron de la casa un iPhone 15 valorado en 1.500 euros. Los sentenciados no podrán acercarse ni comunicarse con las víctimas, que ya han abandonado el inmueble, durante los próximos cinco años.

El acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes incluye la suspensión privativa de libertad de los dos procesados durante un plazo de tres años, en el que no podrán delinquir y además deberán abonar la parte de la responsabilidad civil que adeudan a las víctimas. Además para el procesado, que se encontraba en prisión preventiva, se acordó su puesta inmediata en libertad. La jueza dictó sentencia en el mismo acto.