La investigación, según ha informado este sábado la Jefatura Superior de Policía, se inició a raíz de una denuncia interpuesta por una conocida empresa promotora de Mallorca en un juzgado de Instrucción de guardia en Palma. La sociedad, durante el transcurso de una auditoría interna de sus cuentas, detectó un incremento desproporcionado del gasto que inicialmente tenían presupuestado para el transporte y vertido de los escombros generados en una de sus obras.
Al inicio de la obra, la mercantil denunciante contrató a una empresa constructora para que se encargara del derribo del edificio y el posterior transporte y vertido de los escombros. La sociedad perjudicada facilitó a la otra un total de 50 hojas de autorización a nombre de la promotora para entregar en alguna de las sedes de la empresa concesionaria de gestión de los residuos.
Previamente, la promotora había abierto una cuenta como cliente. De esta forma, con la entrega de una de estas hojas de autorización, el coste generado por el vertido de los residuos no sería asumido por el transportista que realizase el porte, sino que la empresa concesionaria de gestión de residuos se lo facturaría a la sociedad denunciante junto con el resto de vertidos de cada mes.
A su vez, la empresa constructora subcontrató a tres sociedades dedicadas al transporte de residuos para que estas llevasen a cabo los correspondientes portes y posteriores vertidos de los escombros. La empresa perjudicada les hizo entrega, antes de cada uno de los portes que estas realizaron, de una de las hojas de autorización expedidas por la promotora.
493 hojas de autorización falsificadas
La mercantil denunciante contactó con la concesionaria y le solicitó la documentación relativa a todos los vertidos que le fueron facturados. De esta forma comprobó que las 50 hojas de autorización que inicialmente había expedido, y con las que los transportistas autorizados podían realizar hasta 50 vertidos de residuos lícitos, se habían convertido en 493 hojas falsficiadas. Varios transportistas no autorizados las utilizaron para realizar vertidos fraudulentos de escombros y de este modo generaron el elevado importe que la empresa denunciada facturó, de manera indebida, a la mercantil denunciante.
Los investigadores de la Policía Nacional tomaron declaración a los numerosos transportistas que habían depositado residuos entregando las hojas de autorización falsas y pudieron determinar que no tenían conocimiento del origen fraudulento de las hojas. Los documentos fueron utilizados de mala fe por algunos de los ahora detenidos. Estas personas encargaron a los transportistas afectados el porte de los residuos y les facilitaron las hojas a sabiendas de su falsedad para que estos, a su vez, las entregasen al realizar el vertido.
1.000 euros el lote de 10 hojas
Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Palma también han concluido que otros de los detenidos, administradores de varias mercantiles dedicadas principalmente al transporte de residuos, habían adquirido conscientemente las hojas de autorización falsificadas por un precio de 1.000 euros el lote de 10 hojas. Los arrestados las habían utilizado para transportar y depositar los escombros con sus propios vehículos, logrando así que dichos vertidos no supusieran ningún coste para ellos.
El desarrollo de las gestiones de la Policía Nacional finalizó con la identificación y detención de los dos individuos que presuntamente falsificaban y posteriormente vendían las hojas de autorización a los otros detenidos, tratándose de dos socios de una empresa. De los diez arrestados, cinco han pasado a disposición del juzgado de Instrucción de guardia y otros cinco fueron puestos en libertad tras su declaración en sede policial. La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días.
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