La propiedad insta al juzgado la expulsión del gerente del hotel okupado en Cala Bona

Reclaman una deuda de más de 200.000 euros y el incumplimiento del contrato

Miquel Deyá, ante las instalaciones del Sol y Mar. | Alejandro Sepúlveda

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Los propietarios de los apartamentos Sol y Mar de Cala Bona reclaman a un juzgado que expulse de forma inmediata al gerente de la instalación que sufrió un polémico episodio de okupación hace apenas un mes. La empresa Apartamentos Sol y Mar S.A. ha presentado una demanda contra la mercantil que explotaba el establecimiento, Marbel Can Pastilla S.L. y contra el gerente de la misma, Miguel Deyá. En el escrito plantean que éste adeuda a la propiedad casi 219.000 euros por la renta del año pasado y por la tasa de basuras. Añaden a este incumplimiento que no se han llevado a cabo una serie de obras comprometidas en el contrato de explotación y que suponían una importante reforma de las instalaciones. Por ese motivo, reclaman que el juzgado resuelva el contrato y que, como medida cautelar acuerde el desalojo.

Los dueños justifican la premura en la expulsión de Deyá precisamente en esas obras. Sostienen en su demanda que el plazo para ejecutarlas está a punto de cumplirse y que, al haber dejado pasar dos años sin abordarlas, el coste de las mismas se va a incrementar. También reclaman su derecho a explotar el negocio y a que Deyá no se lucre con una nueva temporada turística. De hecho, la demanda insta al juzgado a que acuerde la medida de manera lo más ágil posible sin siquiera citar a la otra parte ante las remotas posibilidades, sostiene de que abone las cantidades que adeuda o de que ejecute en tiempo las obras. Ambos son los incumplimientos del contrato que reclama.

El establecimiento sufrió un ataque coordinado de una mafia okupa el pasado mes de enero cuando una decena de personas se instaló por la fuerza y se atrincheró en las habitaciones. Cuatro días después las abandonaron. La propiedad entonces ya puso el foco en la figura del administrador, que había arrendado la explotación y que, señalaban que había acumulado desde entonces una notable deuda por impagos. De hecho, los dueños vinculaban la extraña ocupación con esa deuda dado que las cantidades que supuestamente reclamaban los usurpadores eran similares.

El administrador entonces negó con rotundidad cualquier acusación y anunció por su parte que interponía acciones por unas posibles calumnias en su contra por parte de la propiedad. Defendía que había intentado salvaguardar los intereses del establecimiento como si fuera suyo. La demanda presentada ahora en los juzgados de Primera Instancia de Palma, refleja que se han requerido tanto a la empresa demandada como al propio Deyá en varias ocasiones que abone las deudas y que agilice las obras en los apartamentos. Entre estos avisos se justifica uno a través de burofax el pasado 22 de enero, poco después del episodio de okupación en el establecimiento hotelero. El juzgado ahora tendrá que iniciar los trámites para resolver el contrato y antes decidir si acuerda la expulsión exprés y la devolución de la propiedad a sus dueños para que la exploten a partir de ahora.