Los tres menores de Badajoz tenían «incidencias» abiertas en el piso tutelado

Sin embargo, y «en lo revisado» hasta ahora, a la Junta de Extremadura no le consta que existiera una denuncia de la víctima a los tres menores que presuntamente acabaron con su vida, aunque «sí había denuncias previas a otros usuarios» que en la actualidad no se encuentran en este piso tutelado. Así lo ha avanzado la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, en rueda de prensa este martes en Mérida tras el asesinato de esta educadora en Badajoz, sobre el que ha mostrado su «profundo dolor», y ha trasladado las «condolencias y cariño» a la familia de la víctima, Belén, que «era una excelente trabajadora que adoraba a los menores».

Según ha explicado, estos pisos tutelados se gestionan de forma indirecta a través de una entidad adjudicataria del contrato, que se licitó en 2022 y finaliza este 2025, por lo que ha avanzado que en estos momentos estaban «trabajando en la elaboración de unos nuevos pliegos que contemplen un refuerzo de personal para estos recursos». Y es que, en los pliegos actuales se establece que «al menos tiene que existir un trabajador por turno», y respecto a la seguridad, ha señalado que se trata de «una vivienda en régimen abierto, en la que llegan por orden judicial como medida de cumplimiento en régimen abierto».

Un pliego que en la actualidad «se cumple de forma correcta» por parte de la empresa adjudicataria, aunque eso «no quiere decir que no se esté valorando un aumento del personal para estos recursos», en los nuevos pliegos que se elaborarán, y para los que escucharán a las partes implicadas.

En su intervención, García Espada ha relatado que desde que tuvieron conocimiento de los hechos el pasado domingo por la noche, se personaron en el piso tutelado en el que ocurrieron los hechos para interesarse por lo que había ocurrido, y han mantenido contacto directo con los técnicos y trabajadores del centro. García Espada ha reafirmado que son «conscientes de la importancia de garantizar entornos de trabajo seguros para los profesionales que dedican su vida a la atención y educación de menores en situación de vulnerabilidad».

Según explicado, estos tres menores se encontraban que en «hogares de inserción sociolaboral» donde se encuentran aquellos que están «cumpliendo medidas judiciales de convivencia en grupo educativo al que llegan por decisión judicial, ya sea como medida cautelar o por sentencia firme». Se trata de «viviendas de régimen abierto de insección sociolaboral», mientras que por otro lado, está el modelo de los centros de internamiento de menores, como el Centro Marcelo Nessi de Badajoz, que éstos sí cuentan con vigilantes y cámaras de seguridad, tras lo que la consejera ha aclarado que «es una decisión judicial el que un menor ocupe uno u otro recurso», es decir, estén en régimen abierto o cerrado.

García Espada ha explicado «la investigación policial y judicial sigue su curso», ante la que la Junta de Extremadura ha trasladado su «absoluta puesta a disposición para colaborar en todo» lo que se los requiera. En este contexto, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha convocado este mismo miércoles, 12 de marzo, una reunión con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y la Fiscalía Superior «para analizar en profundidad la situación y coordinar las acciones necesarias».

Una reunión en la que, entre otros asuntos, se abordará sobre la «premura» para un cambio de medida judicial de un menor cuando exista una incidencia sobre él, ha avanzado la consejera. García Espada ha relatado que según el protocolo de actuación, cuando se interpone una incidencia, «se pone en conocimiento de la justicia» y por tanto pueden llevar a un cambio de régimen para el menor afectado, pero eso va «por vía judicial». En el caso de la Junta de Extremadura, «lo más que podemos hacer es trasladar» a ese menor de una vivienda a otra, «si los técnicos consideran que un determinado usuario altera el funcionamiento normal y, en otra localización puede funcionar de forma óptima», pero ha aclarado que esa vivienda tiene que ser «de similares características».