El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió
ayer devolver a la familia Gil la gestión del Atlético de Madrid,
intervenido desde el pasado 21 de diciembre, aunque supeditada al
control de varios miembros del Cuerpo de la Intervención General de
la Administración del Estado.
Según fuentes jurídicas, García Castellón considera que la
Administración Judicial «ya ha cumplido la función para la que fue
designada, la de impedir que se siguiera delinquiendo y que se
destruyeran pruebas fundamentales para la investigación». El hasta
ahora administrador judicial, Luis Manuel Rubí, y su principal
colaborador, Miguel Juane, habían comenzado ya a despedirse de sus
allegados y comunicarles la decisión del juez a primera hora de la
tarde.
Luis Manuel Rubí, administrador judicial, advirtió de una
«quiebra técnica», para la que solicitó una ampliación de capital
de más de 13.000 millones de pesetas, despidió un entrenador, el
italiano Claudio Ranieri, pero no logró evitar la situación crítica
del Atlético de Madrid, penúltimo clasificado a falta de seis
jornadas para la conclusión de la Liga. Rubí accedió al cargo el
pasado 22 de diciembre, tras el acto judicial redactado por el juez
de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que desposeía de
su cargo al presidente, Jesús Gil, y a su Consejo de
Administración, por presuntos delitos de estafa, apropiación
indebida y fraude.
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