El encuentro, que tenía que haberse jugado el sábado 26 de octubre a las 13.00 horas en el Camp Nou, fue aplazado por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por las protestas callejeras que suscitó en Cataluña la sentencia condenatoria tras el juicio a los líderes del procés.
Tras conocerse el pasado 14 de octubre la sentencia que condena a éstos a penas de cárcel de entre 9 y 13 años por sedición, LaLiga pidió a la RFEF que se alterara el orden de juego del Clásico, para que se jugara en el Santiago Bernabéu en la fecha prevista en principio, o que se aplazara, ante «la grave situación de orden público en que se encontraba Cataluña».
El caso quedó en manos del Comité de Competición que descartó la opción de que se jugase en el Bernabéu, porque ambos clubes la rechazaron, y determinó su aplazamiento por causas excepcionales.
El Comité otorgó a las partes un plazo para acordar una nueva fecha. LaLiga propuso inicialmente el sábado 7 de diciembre, en la que está prevista la jornada 16 del campeonato, y la RFEF el miércoles 18, en la que hay Copa del Rey, pero no para los clubes implicados, que se mostraron favorables a esta última.
Concluido ese plazo y ante nuevas alegaciones de LaLiga, que también planteó como fecha posible el miércoles 4 de diciembre, el Comité de Competición determinó el 23 de octubre el aplazamiento del encuentro al miércoles 18 de diciembre.
Para ello tuvo en cuenta «un consenso de todos, a excepción de LaLiga», así como que esa fecha es la menos perjudicial para ambos clubes.
LaLiga defendió que «el partido debería disputarse según las bases de la competición de la RFEF, lo antes posible» -el 4 de diciembre- y pidió al Comité que determinara esa fecha «con independencia de los pareceres» que pudieran indicar los clubes participantes.
En esta solicitud argumentó «las incidencias que producirían en las jornadas previas y posteriores de la competición», así como que el 18 de diciembre se disputa una semifinal del Mundial de clubes y que la propia patronal y la RFEF decidieron de forma conjunta dejar libre la fecha del 4 de diciembre, precisamente para ubicar partidos que se aplazarán por circunstancias excepcionales.
LaLiga anunció entonces que iba a exigir las responsabilidades correspondientes en derecho a las instituciones y personas intervinientes en la decisión, por entender que la fijación del 18 de diciembre causa «un daño irreparable al fútbol español».
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