Navarro, acorralado

Un par de semanas más tarde, Javi Navarro ya sabe que será sancionado. Más o menos, con mayor o menor dureza, pero será castigado. Tal vez por eso el Sevilla sigue tirando zancadillas y agotando todas las vías para dilatar esa suspensión, pero siguen los andaluces recibiendo malas noticias. No lograron evitar que el Comité actuara de oficio, ni que el fútbol español alzara la voz al ver la entrada del central. Ahora tampoco han conseguido que Apelación recuse a Alfredo Florez, presidente de Competición, por lo que el martes este mismo organismo aplicará la justicia sobre Navarro. Eso sí, el defensa podrá jugar el domingo ante el Numancia. El proceso se está alargando en exceso, pero parecer tocar a su fin. Al menos, en lo que el Mallorca exige. El club isleño pretende un castigo ejemplar sobre Javi Navarro por lo que, a partir del martes, se dará por satisfecho. Luego, el Sevilla ha amenazado con acudir a la justicia ordinaria, pero por entonces el Mallorca ya habrá visto reconocida su petición. Ayer, en un último esfuerzo por generar todavía más confusión, el club que preside José María del Nido presentó en el Comité de Apelación un escrito de recusación contra Florez para que fuera apartado del estudio de una posible sanción a Javi Navarro por el codazo que dio a Juan Arango en el último encuentro de Liga en Son Moix.

El Sevilla, que ha presentado unas alegaciones de más de treinta folios en defensa del jugador, entiende que Florez no debía intervenir en el asunto por unas manifestaciones efectuadas al respecto en medios de comunicación. Pero Apelación, que analizó también otro escrito presentado por el propio Florez, acordó no haber lugar a su recusación en una resolución contra la que no cabe recurso alguno. «No ha lugar a la recusación», especificaba el comunicado.El Comité de Apelación explica que «de haberse producido el asunto en el contexto de un proceso judicial, la recusación podría haber sido estimada», ya que la Constitución y el Convenido Europeo de los Derechos Humanos sienta el derecho a un «juicio justo».