El director general corporativo del Barcelona, Joan Oliver i Fontanet, ha reconocido que en marzo pasado puso en marcha una «auditoría de seguridad» para «proteger» a cuatro vicepresidentes del club, después de que uno de ellos, Joan Franquesa, tuviera indicios de que estaba siendo seguido.
La polémica sacude Can Barça apenas 24 horas después de que el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, recriminase a Joan Laporta su «deriva política radical» en favor de la independencia de Cataluña. «Se ha convertido en un radical separatista», dijo Revilla, al comentar a los periodistas una opinión que trasladó al presidente culé en el palco del campo de El Sardinero. El presidente cántabro señaló que la única respuesta que recibió de Laporta fue que «España está machacando a Cataluña», una frase que Revilla ha asegurado que le sorprende.
Laporta no quiso entrar en valoraciones y tampoco lo ha hecho con la nueva polémica que ha salpicado los despachos del Camp Nou después de que 'El Periódico de Catalunya' publicase que cuatro de los cinco vicepresidentes del club (Joan Boix, Joan Franquesa, Rafael Yuste y Jaume Ferrer) habían sido espiados por la propia entidad azulgrana.
El máximo ejecutivo económico del Barça, Joan Oliver i Fontanet, subrayó que la «auditoría de seguridad», que costó 56.000 euros, «verifica las informaciones que hay en los registros y en los lugares públicos y se pregunta en determinados ambientes si hay informaciones relevantes sobre ella. No se hace un seguimiento a la persona ni se intervienen teléfonos ni correo».
La cuestión arrancó en marzo cuando el vicepresidente Joan Franquesa alertó a la entidad de que tenía indicios de que estaba siendo investigado y seguido. A continuación, el director general, que aseguró ayer que el presidente Joan Laporta «nunca» estuvo detrás de este asunto, contrató los servicios de la empresa de seguridad Método 3 para confirmar estas sospechas.
Esta situación ocurrió en el mes en el que el vicepresidente Joan Godall rehusó postularse como delfín de Joan Laporta para las elecciones a la presidencia previstas para la primavera de 2010.
Según Oliver, los cuatro vicepresidente a los que se les sometió a un auditoría de seguridad «cobraron una relevancia pública» tras la renuncia de Rodall, ya que los cuatros podían ser candidato.
«Se encargó una auditoría de seguridad a la empresa Método 3. Esto se hace con discreción para no perder eficacia. El resultado se comparte con los cuatro vicepresidentes en quienes finalmente queda en sus manos el resultado», añadió.
El director general corporativo ha subrayado que no puede desvelar si los indicios sobre el supuesto espionaje a Franquesa son ciertos y, en el caso de que así fuese, quién estaba detrás de este acto.
«Esta auditoría de seguridad se ha hecho dentro del más escrupuloso respeto a la ley. Es una situación estándar y no viola ninguno de los preceptos», aseguró Oliver, que insistió que Laporta tuvo conocimiento de la auditoría justo cuando el resto de vicepresidentes tuvo el informe en sus manos.
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