Utz Claassen, en una imagen de archivo en las instalaciones de Son Moix. | Joan Torres - J. TORRES

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La guerra del Mallorca rodará su próxima escena en los Juzgados. El consejero y segundo máximo accionista de la SAD balear, Utz Claassen, presentó el sábado una querella criminal por un presunto delito de estafa contra el presidente Jaume Cladera y el máximo accionista Llorenç Serra Ferrer en un hecho sin precedentes en la historia de la entidad. De hecho, jamás un miembro del órgano de gobierno del club había denunciado a otros compañeros de consejo. Además, el empresario alemán se reserva el derecho de ampliar la querella porque está recabando pruebas por otros cuatro presuntos delitos: acuerdos abusivos que perjudican a la entidad (caso Alfaro, Ratinho, Joao Victor...); falsedad documental; haber limitado sus derechos de control como consejero y corrupción entre particulares...

El empresario germano, al no recibir ninguna respuesta por parte del pobler , optó por no demorar más la situación e interponer una querella criminal, que según el artículo 250 del Código Penal puede ser castigado con penas de prisión de «uno a seis años» y una multa de «seis y doce meses». La guerra civil desatada en el seno del Mallorca se recrudece hasta límites extraordinarios. La amenaza ya es una realidad y las disputas entre amigos , como se calificaron en el inicio, ya están en los Juzgados.

La primera batalla se fraguó hace unas seis semanas. El 20 de enero, Ultima Hora publicó una carta enviada por Utz Claassen al resto de miembros del consejo de administración denunciando el «oscurantismo» de algunas de las acciones emprendidas por la propiedad.

El accionista alemán, que posee un 20% de los títulos de propiedad, prendió entonces la mecha de un fuego que comienza a ser incontrolable. Las negociaciones para la frustrada venta del club con un grupo suizo-alemán, el precio pagado por las acciones y los contínuos desplantes de Serra Ferrer, que se ha negado a reunirse con él en varias ocasiones, han empujado a Claassen a la decisión de acudir a la Justicia.

La querella va dirigida a Serra Ferrer y Jaume Cladera por ser ellos los que negociaron, según Utz Claassen, el precio de las acciones. El alemán sostiene que tanto el presidente como el máximo accionista le facilitaron una información según la cual el precio por el 100% de las acciones era de 5 millones de euros. Bajo estos parámetros, Claassen abonó 500.000 euros por hacerse con el 10% de los títulos antes de concluir el año 2010. Sin embargo, el precio real no llegó a los 3 millones de euros.

El empresario alemán, durante estas últimas semanas, ha sometido a un interrogatorio al resto de consejeros, preguntando por las comisiones del caso Alfaro ; los supuestos problemas de liquidez; la falta de transparencia a la hora de levantar actas...

Las actas

En este sentido, Miquel Coca le envió las actas de los consejos del pasado año, que Claassen había requerido notarialmente, y su equipo de abogados ha encontrado situaciones «sorprendentes». Tampoco descarta acudir a la justicia por esta cuestión.

La semana pasada, Serra Ferrer dio un paso atrás y trasladó una oferta a Claassen para evitar la demanda. El pobler estuvo dispuesto a recomprar el paquete de acciones que transfirió al germano, de 500.000 euros, más los intereses... El alemán, tras considerar un chiste la maniobra del máximo accionista, contraatacó y lanzó un ultimátum: ser indemnizado económicamente con 600.000 euros o con un 30% de los títulos de Serra Ferrer. Claassen dio de plazo hasta el viernes.

Al no recibir ninguna respuesta por parte del máximo accionista, el empresario alemán se cansó y se dirigió al Juzgado de Guardia para presentar la querella criminal y hurgar en una crisis institucional sin precedentes en la historia reciente de la entidad. La guerra del Mallorca se judicializa.