Los tres administradores concursales del Real Mallorca saliendo de la reunión. | ultimahora.es

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El Real Mallorca se ampara en la administración concursal para justificar la llamada 'operación Alfaro' manifestando que fueron los tres profesionales que tutelan el concurso de acreedores en el que está inmerso el club quienes «dieron su aprobación» a la firma de los diferentes contratos que fueron necesarios para que el futbolista andaluz terminara fichando por el Mallorca.

Ante la gravedad de los hechos debido al alto precio que se pagó por Alfaro, 750.000 euros al Sevilla, más medio millón a la empresa Impera, presumiblemente propietaria de los derechos del jugador y otros quinientos mil a su agente, los administradores piden aclarar esta situación y que se aporten pruebas de la «legalidad» del pago de los 500.000 euros a Impera.

A raíz de esta información, ayer el Mallorca hizo público un comunicado en el que «corrobora la certeza de las informaciones en cuanto a la existencia de un contrato de negociación exclusiva con Impera S.A., otro de traspaso con el Sevilla y uno de intermediación con Viasport». En este mismo comunicado, el Mallorca recuerda que los contratos «no sólo fueron firmados por Jaume Caldera y Serra Ferrer en representación del club, sino que se informó con carácter previo a los administradores concursales, quienes además de formular alguna sugerencia que fue atendida, dieron su aprobación a dichos contratos, interviniéndolos y firmándolos», destaca el club balear en su escrito. Precisamente en este punto hace especial hincapié la SAD Balear añadiendo que «este más que relevante hecho -que los administradores dieran su aprobación a dichos contratos- es sorprendentemente omitido en el informe de la administración concursal del 12 de diciembre de 2011». Los administradores, apenas 24 horas después de la firma del convenio de acreedores, que tuvo lugar el pasado lunes, pudieron en conocimiento de la jueza el «caso Alfaro» e instaron al club a que acreditara si Impera disfrutaba de los derechos federativos del futbolistas, porque de no ser así quedaría sin efecto el pago del medio millón de euros que se debe abonar por derecho preferencial, es decir, un pago que debía realizarse a esta empresa a modo de opción de compra del jugador si este quedadaba libre en 2012.