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Llorenç Serra Ferrer va a estrellarse de nuevo contra la administración concursal del Mallorca. Los responsables de tutelar el concurso de acreedores del club balear tienen previsto instar a la jueza María Encarnación González a que formalice durante los próximos días la demanda de nulidad del contrato de Alejandro Alfaro o, en su defecto, un arbitraje jurídico que resuelva el problema entre las partes.

El 'caso Alfaro' estalló en las entrañas de Son Moix a finales de 2011 y todavía no se conocen sus consecuencias. Lo hizo después de que los administradores, a través de un documento que fue remitido al club el 12 de diciembre, solicitasen al consejo de administración bermellón que aclarase una serie de puntos confusos en relación al fichaje del exfutbolista del Sevilla. Principalmente, exigían el aporte de pruebas que acreditasen que la sociedad Impera -con domicilio fiscal en Suiza- posee realmente los derechos de Alfaro y que justificasen la legalidad de un pago de 500.000 euros en concepto de condición preferente sobre la incorporación del onubense. La administración, que ya planteó entonces la nulidad del contrato, había decidido abrir una investigación unos meses antes para esclarecer el asunto e invitó al Mallorca a congelar el primer pago acordado con Impera, que ascendía a unos 200.00 euros.

Informe demoledor

En el informe de diciembre, que consta de nueve páginas, la administración concursal reflejaba que el hecho de tener que pagar cantidades a dos empresas de intermediación, que tienen el mismo domicilio social y comparten el mismo representante legal supone todo un «artificio». «En síntesis -añadían- se habría pagado dos veces por el mismo objeto. Sea como fuere, es cierto, se insiste, que en ningún momento se ha acreditado que Impera sea titular de los derechos», destacaba el escrito de los administradores concursales. Apuntaban al mismo tiempo que «se desprende también que el desembolso comprometido con Impera no tiene ningún sentido ecómico».

El Mallorca, que en un principio se amparó en la propia administración para justificar la operación a través de un comunicado, subrayó en su día que había actuado «conforme a la legalidad» y se agarró después a la baza de una auditoría externa realizada por Laffer Abogados, a pesar de que la administración la había desautorizado por escrito. El club contrató los servicios de la firma, especializada en arbitraje y contencioso deportivo y fiscalidad internacional, para justificar el caso y tratar de contrarrestar el contundente informe de los responsables del concurso.

Ahora, sin embargo, los administradores parecen dispuestos a pasar a la acción y van a reclamar a la jueza que formalice en breve la nulidad del contrato de Alfaro o a que establezca algún tipo de arbitraje jurídico. Parece que en Son Moix los problemas se multiplican...