Miquel Coca, en una imagen de archivo. | Pere Bota

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Los abogados que representan a la empresa Delta Sport, acreedora del Real Mallorca, han tomado la decisión de recurrir el convenio de acreedores ante la Audiencia Provincial. La jueza que tutela el concurso de la SAD Balear, María Encarnación González, desestimó el primer recurso que presentó la empresa acreedora, pero ante la sentencia desfavorable cabía la interposición de recurso de apelación ante la Audiencia y Delta Sport tiene previsto tramitar este recurso hoy mismo, fecha en la que finaliza el plazo inicialmente marcado para realizar este trámite. Ayer el Mallorca ya sabía de las intenciones de la empresa acreedora.

Delta Sport fue la suministradora de la ropa de la marca 'Reial' al club balear y el motivo que sustenta su recurso se basa fundamentalmente en señalar que el convenio aprobado está fuera de la ley debido a que excede en quince días el plazo de cinco años en los que se debe hacer frente al pago del 50% de la deuda de los acreedores ordinarios.

Gestión oscura

Por lo tanto, la empresa Delta Sport se aferra a un error, otro más, del abogado del Mallorca, Miquel Coca, que ha impedido que el convenio no se haya podido cerrar desde que el pasado diciembre se aprobó inicialmente el mismo, a falta de la presentación, como así ha sido, de los dos recursos interpuestos por la acreedora Delta Sport.

Sin embargo, y según ha podido saber este periódico, en el entorno de Delta Sport, así como de otros acreedores del club, existe un claro malestar por la gestión llevada a cabo por Serra Ferrer y sus principales colaboradores ya que han recortado al máximo la deuda con los acreedores, mientras que muchas de las gestiones llevadas a cabo a nivel interno indican que se ha realizado un mal aprovechamiento de los recursos económicos de la entidad llevando a cabo operaciones de alto coste y por lo que se ha visto hasta la fecha, también poco transparentes.

Volviendo al recurso, ya en la primera sentencia en la que la jueza falló a favor del Mallorca y en contra de la empresa, se especificaba que Delta Sport tenía argumentos para recurrir y además admitía el error de forma en el que cayó Coca. El escrito de la jueza así lo explicaba. «Tomando en consdieración el contenido íntegro de la propuesta -en referencia a los plazos de pago a los acreedores ordinarios- puede entenderse que al describir el calendario de pagos se incurre en error material e, incluso, de cálculo en el cómputo del plazo de cinco años». De esta forma la propia magistrada entiende que efectivamente hay errores de forma en la redacción del convenio que elaboró Miquel Coca y curiosamente, pese a que la empresa acreedora no ganó su recurso, tampoco se le sancionó con el pago de las costas, lo que indica que Delta Sport tenía razones para impugnar el convenio, aunque finalmente no se atendieran sus quejas.

A partir de este nuevo movimiento de Delta Sport se presenta un escenario incierto. De entrada el concuso no está cerrado, por lo tanto la jueza debe decidir si los tres administradores concursales, o al menos uno de ellos, sigue tutelando la gestión del club como vienen haciendo estos últimos dos años. También cabe esperar para comprobar si se pueden hacer frente a los primeros pagos o por el contrario hay que llegar al límite de que la Audiencia se manifieste al respecto. Lo que está claro es que el proceso sigue abierto, que el concurso no está cerrado y que todas las posibilidades puede darse. De una parte, la Audiencia puede no dar la razón a la empresa acreedora y rechazar su recurso, pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, que se le dé la razón a Delta Sport y que por lo tanto deba hacerse frente a una nueva propuesta de convenio.