Después de que la Diputación decidiese no recurrir estas sentencias, emitidas por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA y susceptibles de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Rodríguez Villalobos ha actualizado la situación de este asunto en el marco de una entrevista con Europa Press. A tal efecto, el presidente de la Diputación ha enfatizado que la institución «ha acatado» la decisión judicial.
Se trata del conflicto de las oposiciones promovidas por la Diputación para cubrir en turno libre 61 plazas de bombero vacantes en su plantilla, cuya primera prueba se celebró el 3 de marzo de 2018 con un examen tipo test.
En dicha prueba firmaron su examen 834 aspirantes, superando 212 de ellos la nota de corte, toda vez que tras alertar el presidente y el secretario del tribunal de la oposición de posibles «anomalías» en los resultados, la Diputación decidió anular la prueba y elevar el asunto a la Fiscalía.
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Entre las 65 primeras calificaciones de la prueba figuraban, según un decreto de la Fiscalía, 58 «opositores que habían desempeñado o desempeñaban trabajo de bombero como interinos; aspirantes incluidos en la bolsa de trabajo de la Diputación y dos hijos de un funcionario del área del Servicio de Bomberos», señalando la empresa especializada DARA en un informe la «alarmante coincidencia» en las respuestas de estos 65 opositores a un grupo concreto de preguntas de la prueba.
No obstante, la Fiscalía archivó finalmente su investigación porque «ni el presidente, ni el secretario ni los vocales del tribunal percibieron que alguno de ellos fotografiara las preguntas, se llevase papeles o grabara lo hablado en la reunión» en la que fue confeccionado el test, ni mediaba tampoco «relación entre las preguntas comúnmente acertadas por los aspirantes» considerados como «sospechosos» y «la identidad del autor de las mismas».
El estudio externo
Además, la Fiscalía indicaba que el estudio encargado a la compañía DARA sobre la prueba se centró en los exámenes de los 65 aspirantes considerados como «sospechosos», cuando se le debió solicitar un análisis de los exámenes de todos los opositores, «pues era la única forma de lograr un informe pericial objetivo, general e imparcial».
Dado el caso, los bomberos interinos que concurrieron a este concurso oposición reclamaban la revocación de la decisión de anular la prueba inicial del 3 de marzo, promoviendo dos litigios paralelos tramitados por los juzgados de lo Contencioso Administrativo números cuatro y 14.
Fruto de ello, mientras la sentencia emitida al respecto por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro avalaba la actuación de la Diputación, la resolución del juzgado número 14 estimaba el recurso de los opositores y anulaba la decisión de dejar sin efecto la prueba, siendo ambas sentencias recurridas ante el TSJA.
Las dos sentencias
En ese sentido, el pasado 27 de enero, la Sección Tercera del TSJA desestimaba el recurso de apelación de la Diputación frente a la citada sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14, con lo que ratificaba la decisión del juzgado de revocar la anulación de la prueba y la constitución de un nuevo tribunal.
En la segunda sentencia, la Sección Tercera del TSJA revocaba la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro que avalaba la actuación de la Diputación, ordenando «retrotraer el procedimiento selectivo al momento inmediatamente anterior a la publicación del primer ejercicio, debiendo continuar a partir de ese momento respetando las notas obtenidas por cada uno de los aspirantes que se presentaron».
Según el TSJA, «no cabe sostener que de un hecho calificado por la Fiscalía de 'a efectos puramente polémicos', como es una anomalía en el patrón de errores de los interinos respecto de los demás, se deduzca como hecho cierto que estos conocían con antelación las respuestas al examen, ni constituyen indicios serios y razonables de posibles filtraciones que obligaran a ordenar la repetición del examen».
Actualmente, según Rodríguez Villalobos, la Diputación está «en proceso de ejecución» de las sentencias del TSJA, detallando que el pasado 29 de abril fue reunido el tribunal del procedimiento selectivo para la «reanudación» del mismo. En dicha reunión fue acordado, según el presidente, «hacer pública la plantilla del primer ejercicio, un test, con un plazo de alegaciones a las preguntas de dicho ejercicio, que se extendía hasta el pasado mes de junio».
«El siguiente paso será una nueva reunión del tribunal para resolver las alegaciones presentadas, corrección del ejercicio, publicación de las notas con plazo de alegaciones y realización del segundo ejercicio. Todo ello está previsto una vez pase el verano», ha precisado Villalobos.
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