La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado que una de las principales acciones para evitar el fraude en la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía es la implantación de una aplicación de control de asistencia a través de firma biométrica, que puede alcanzar los 300.000 alumnos al año.
Se trata de «cortafuegos» para la «reforzada» Formación Profesional para el Empleo en Andalucía tras encontrar 2018 un «solar con cascotes» en este ámbito y teniendo en cuenta que había sido paralizada en 2012 por escándalos de fraude.
Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press Blanco, quien ha reconocido las dificultades que han pasado hasta recuperar la confianza tanto de la ciudadanía como de los agentes económicos.
«Encontramos una situación francamente mejorable», señala comedidamente la consejera, para apuntar que «encontrar un solar desierto» hubiera sido «hasta bueno para poder ponernos a edificar». Ante este panorama, tocaba «quitar primero los cascotes para poder trabajar».
Así, ha detallado que había «2.000 expedientes de reintegro, casi para la prescripción», y 384 millones por recuperar, junto a «más de 30.000 becas sin gestionar desde 2011». Se presentaba la disyuntiva de declararlas prescritas o «ponernos a gestionarlas». «En un año y medio liquidamos las 30.000 becas», apunta orgullosa de su equipo.
«Cuando llamábamos a la gente pensaban que era una broma. Fue una de las cosas que más reconocimiento ha supuesto y, sobre todo, que más contentos estamos porque vimos que había un trabajo por hacer y lo hicimos», ha reconocido.
"refuerzo en la confianza"
La Consejería tenía que avanzar y «no mirar solo hacia atrás», con el temor de convertirse en «estatua de sal» y, entre las primeras decisiones, Blanco «desterró» el sistema de subvenciones que «tantos disgustos y tan mala fama nos ha traído» y optó por la contratación a través de la Ley de Contratos del Sector Público, que aporta «seguridad jurídica y transparencia».
«Tú pagas solo cuando el servicio se ha hecho, de manera que la posibilidad de reintegro es muy escasa», evitando de esta manera uno de los obstáculos que encontró al llegar a la Consejería.
Asimismo, Rocío Blanco ha destacado «un cortafuego» instalado para evitar fraude: una aplicación informática a través de firma biométrica con la que se parametriza a alumnos y profesores. «Vamos a ver en tiempo real que alumnos hay en la sala y quién es el profesor que está impartiendo la clase». Con este tipo de herramientas, según ha explicado, «se refuerza» la confianza en la Formación Profesional para el Empleo.
Escuchar al tejido productivo
Otro de los pasos a dar era «escuchar al tejido productivo», a sindicatos y agentes económicos y sociales, para saber en detalle que tipo de formación se demandaba. Los primeros cursos fueron de hostelería, digital e idiomas, hasta avanzar ahora en campos como la formación en nuevas tecnologías o el 5G, «muy demandada».
Pero la formación también tiene que llegar a los propios formadores. «Después de haber desaparecido en Andalucía en 2012, no había profesionales formados. Hubo que empezar la casa por los cimientos», ha señalado.
Además, ha resaltado que una de las líneas «importantes» es con las entidades locales, «asentadas en el territorio y los que directamente que va a llegar a »7.500 andaluces".
Formación con compromiso de contratación
«Estamos preparando también formación con compromiso de contratación, que nos parece importantísimo, y que entendemos que va a ser muy necesario a partir del último trimestre del año», ha anunciado la titular de Empleo. Serán diez millones de euros, con la intención de que «sean las empresas las que seleccionen junto con la Administración el perfil de los alumnos».
Y, con esta «vuelta» a la formación, su Departamento prevé que «el demandante de empleo sí pueda tener mucho más interés». «Nos está costando porque la formación no tenía buena fama en Andalucía. Ganarnos esa confianza ha sido difícil», ha concluido.
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