El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, antes de participar en la inauguración de los cursos de verano de la UNIA en Baeza (Jaén). | Europa Press

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El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha llamado este martes a «trabajar inmediatamente» para garantizar la «suficiencia financiera» de las universidades públicas andaluzas.

Así lo ha destacado en la atención a los periodistas antes de participar en la inauguración de los cursos de verano de la UNIA en Baeza (Jaén) y ha apuntado que, aunque viene un periodo de recesión, «la situación económica no debe servir de excusa para no hacer lo que hay que hacer», sino, al contrario, «debe ser acicate para que lo hagamos con diligencia».

El consejero ha señalado que estos cambios son «sobre todo estructurales» y su departamento va a poner toda su «voluntad y capacidad de diálogo» en la búsqueda de soluciones. De esta manera, ha llamado la atención sobre «el compromiso» del Gobierno andaluz y, en concreto, de su presidente, Juanma Moreno, para abordar una evaluación del actual modelo de financiación de las universidades.

«Debemos hacerlo con urgencia, en pocos meses sería mi deseo», ha reconocido Gómez Villamandos, de modo que «mediante el diálogo y el consenso», a partir de un grupo de trabajo que se creará «inmediatamente», trabajar en este ámbito.

En este sentido, ha detallado que hay que «garantizar la suficiencia financiera de nuestras universidades», con una parte de financiación según los resultados obtenidos y un contrato programa que permita avanzar en las políticas universitarias «que nos marquemos entre todos de una forma consensuada».

Al hilo de esto, ha llamado a marcar unos objetivos de mejora desde la Junta de Andalucía y «luego que sea las propias universidades las que alcancen esos objetivos usando su autonomía».

Por último, ha instado al Gobierno central a realizar las transferencias que se necesitan a las comunidades, especialmente a Andalucía, y ha criticado la Ley del sistema universitario español, que «sin consultar a las comunidades marcó una financiación de las universidades respecto al PIB».