Una Proposición de Ley, que es una iniciativa legislativa municipal promovida por 70 ayuntamientos de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, plantea en el Parlamento de Andalucía «la regulación de una moratoria para los megaproyectos de energías renovables hasta la aprobación del Plan de Transición Energética en Andalucía», de manera que se prolongue hasta la entrada en vigor de ese Plan.
Los promotores de la iniciativa señalan que la moratoria «comprenderá la suspensión de cuantos procedimientos de instalación, de autorización y evaluación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, se estén tramitando», con la excepción de «las pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 megawatios vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria».
Otra petición de los municipios promotores de la iniciativa legislativa se dirige a que la Junta de Andalucía elabore un Plan de Transición Energética, que se aprobará mediante ley del Parlamento de Andalucía.
Plan de Transición Energética del que reclaman un contenido que incluirá «la planificación territorial de los proyectos de energías renovables, estableciendo áreas de exclusión para la instalación de proyectos de renovables a gran escala, teniendo en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y etnográfico», además de «las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios», según ha publicado el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).
Los ayuntamientos reclaman a la Junta que abra «un proceso de participación pública» sobre el Plan de Transición Energética en Andalucía que traiga consigo «una participación plena y efectiva de la ciudadanía, en especial, en la ubicación territorial de los proyectos de energías renovables».
Cerca de 800 proyectos fotovoltaicos en tramitación
En la exposición de motivos de la iniciativa se explica que en Andalucía existen más de 790 proyectos fotovoltaicos en proceso de tramitación a fecha de noviembre de 2021, que suponen promover unos 21.000 megavatios de renovables, así como plantean que en un futuro próximo se podrían promover otros 11.000 megavatios.
A juicio de estos municipios es necesario «un proceso planificado y racional» tras advertir sobre «malas prácticas habituales como el fraccionamiento de proyectos», y poner de manifiesto esa necesidad sobre instalaciones fotovoltaicas y eólicas para «evitar o minimizar los impactos sociales y ambientales en el entorno, evitar los movimientos especulativos en el sector, garantizar la adecuada protección de los ecosistemas y amparar el derecho de la ciudadanía al acceso a las redes, para poner en marcha instalaciones ligadas al autoconsumo y a las comunidades energéticas».
Sobre la zonificación de los proyectos consideran que es el camino para «verificar que el proyecto se encuentre delimitado dentro de las zonas compatibles para su desarrollo, al margen de las zonas de exclusión, se pueda evidenciar la distancia de otras fases o etapas del mismo proyecto que hayan sido indebidamente fragmentadas por sus promotores».
Los firmantes esgrimen la aprobación de la Directiva 2001/42/CE, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (EAE) para plantear que «el margen de discreción de los países de la UE está limitado por los criterios de significación del Anexo II de la Directiva, agrupados en dos categorías relativas a los propios planes o las repercusiones o influencia en la zona».
«Soluciones como la moratoria en las solicitudes de acceso, acordada por el Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, evidencian ese desacople entre planificación y actividad empresarial que está impidiendo un desarrollo justo y sostenible de las energías renovables, con infracción del mandato del artículo 45 de nuestra Constitución de hacer un uso racional de los recursos naturales», argumentan los ayuntamientos promotes de la Iniciativa Legislativa.
Con la referencia a que «el estado de las poblaciones de muchas aves y murciélagos ni siquiera se conoce», a lo que suma las poblaciones de aves esteparias, «de las cuales se desconoce sus poblaciones y las zonas más sensibles» por la carencia de estudios detallados y de planes de recuperación para estas especies señalan que «los planes de estos nuevos megaproyectos de energías renovables afectarán a miles de hectáreas de terrenos de tradición cerealista y de estepas leñosas, de menor valor económico pero de gran valor ecológico para las aves esteparias».
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