En total, la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha señalado 29 sesiones para este juicio que se prolongará durante tres meses, desde septiembre a noviembre. La vista arrancará el lunes, 19 de septiembre, y está fijada para las 10.00 horas.
Rodríguez se enfrenta a una pena, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción, de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma petición de cárcel la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejerce la acusación, reclama 18 años de cárcel para él.
El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra --que se cerró el pasado mes de junio-- para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.
Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.
A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También pide el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.
Sistema "inútil e ineficaz"
Sobre Rodríguez, Reguart, Brines y Tiller, el fiscal considera que fueron diseñando un sistema artificioso de áreas de gestión, costoso para la empresa pública e «inútil e ineficaz» para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba, para favorecer a personas afines tanto al PSPV como a Compromís, en perjuicio de correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública.
Así, se nombró como personal de alta dirección a siete personas sin sujetarse a los principios de capacidad, mérito y transparencia, en áreas sin contenido efectivo, y «sabedores» de que los nombramientos iban únicamente a suponer coste salarial para la empresa pública, y obviando las funciones del consejo de administración. En esta línea, sostiene que con una política de «claro desprecio al patrimonio público» y en plena crisis económica, hicieron «caso omiso» a la legislación para evitar el descontrol en las empresas públicas.
En cuanto a Gallego, sostiene el fiscal que asistía a los consejos de administración pese a carecer de competencias, y llegó a hacer callar y a insultar al auditor interno. Asimismo, señala que Rodríguez conocía la ilegalidad de los contratos y buscando «torticeramente» una cobertura jurídica, el pleno clasificó a Divalterra en el Grupo I de la administración, para determinar el número máximo de directivos y la retribución y duplicar la necesidad de financiación pública.
En esta línea, apunta que ocultaron los informes jurídicos desfavorables a esos contratos a los miembros del consejo de administración y crearon un órgano de dirección paralelo para controlar a la empresa pública. Rodríguez también nombró al acusado Jorge Cuerda, letrado asesor y funcionario, para asistirle en las tareas encomendadas en relación con las entidades instrumentales y ejercer el control en la sociedad --de la que acabó siendo secretario del consejo de administración--.
En noviembre de 2017 se nombró a Xavier Simón como nuevo gerente, que había sido asesor de Rodríguez, y en una nueva sesión en enero se formalizaron dos nuevas contrataciones de alta dirección, también con informes en contra, y con un «indudable perjuicio» para las arcas públicas de todas estas contrataciones, que el fiscal cifra en 1.122.085 euros.
El fiscal, como responsabilidad civil, pide a Rodríguez, Gallego, Reguart y Brines que indemnicen conjunta y solidariamente a Divalterra con 1.009.000 euros, y a Tiller con 1.001.000; con 8.200 euros a Cuerda y Simón; mientras que los contratados tendrán que indemnizar según los salarios e indemnización recibida en su día.
"generar dolor"
Por su parte, Rodríguez siempre ha defendido que este caso «no debería haber existido» y se ha mostrado seguro de que «todo acabará bien» porque «la verdad solo tiene un camino». En diversas declaraciones públicas que ha ido realizando a lo largo del proceso, ha sostenido que para «lo único que ha servido» esta causa «es para generar dolor y desperdiciar recursos públicos».
En escritos presentados ante el Juzgado ha alegado que no les constó advertencia alguna de la posibilidad de que los contratos fueran irregulares y mucho menos delictivos. Asimismo, defiende que no tuvo intervención alguna en la contratación de los responsables de área y algunos de ellos ni siquiera lo conocían y viceversa.
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