Bravo ha hecho balance este lunes de los incendios forestales de Caudiel en junio y Venta del Moro (Valencia) y Calles (Valencia) en julio, advirtiendo que aunque no fueron los más virulentos de este verano sí tuvieron en común la meteorología cambiante y la complicada orografía.
«El verano de 2022 ha mostrado la peor cara del cambio climático», ha lamentado en una comparecencia a petición propia en la comisión de Justicia y Gobernación de Les Corts, donde ha asegurado que la Generalitat reforzará el estudio de las emergencias gracias a la nueva unidad de análisis de infraestructuras críticas que se incorporará a los puestos de mando avanzado y se asentará en el 1·1·2.
Respecto al incendio de julio en Caudiel, que calcinó 98 hectáreas de suelo forestal y movilizó a más de 200 medios, Bravo ha explicado que la investigación determinó que presuntamente fue provocado por una partícula metálica incandescente que proyectó en un tren de mercancías en dirección a Sagunt (Valencia).
Es algo que ha ligado con los últimos incendios en la línea de Caudiel, «provocados reiteradamente por desprendimiento de partículas», para volver a exigir al Gobierno que mantenga «sin demora» una vigilancia especial en los trabajos de mantenimiento y en la prevención.
Ha lamentado que la comarca castellonense del Alto Palancia se ve especialmente castigada por los incendios y ha destacado que, en este caso, el puesto de mando avanzado solicitó a Adif que cortara el tráfico por la zona y decretó la evacuación de vecinos de Caudiel y el confinamiento en otros municipios.
En cuanto al incendio de Venta del Moro, ha expuesto que arrasó 1.300 hectáreas, mil de ellas en el parque natural de Hoces del Cabriel aunque «no en la zona de mayor valor», movilizó a 500 efectivos y obligó a desalojar una finca. Y sobre el de Calles, con 220 hectáreas afectadas y más de una decena de medios, ha recordado que afectó a una planta de compostaje y motivó el desalojo de una pedanía.
En general, la también titular de Justicia y Administración Pública ha agradecido a los alcaldes de los municipios afectados su colaboración para mantener una «comunicación directa» con los vecinos y ha ensalzado la dedicación de los trabajadores de emergencias como «un ejemplo para la sociedad».
También ha mostrado sus condolencias por la muerte este fin de semana de un policía local de Calp (Alicante) durante el rescate de un hombre que se encontraba atrapado dentro de un vehículo como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la localidad alicantina de Benissa.
El pp exige la dimisión de bravo
Entre la oposición, la diputada del PP Verónica Marcos se ha limitado a criticar la gestión de otro incendio, el de Bejís (Castellón) del mes pasado en el que un tren se topó con las llamas a su paso por Caudiel y provocó varios heridos después de que algunos pasajeros salieran del convoy.
Ha acusado a Bravo de «escurrir el bulto» y de que no hubiera un técnico de urgencias de guardia para que este tren no saliera «directo a las llamas», además de recordarle su afirmación de que «quien no aporta se aparta». «Usted es la responsable, ya no hay marcha atrás (...). Usted, que presumía la salida a otras, no se enroque», ha reclamado en alusión a la exvicepresidenta Mónica Oltra, que declara este lunes como imputada por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.
En su réplica, la consellera ha garantizado que los afectados en el incidente del tren tendrán «todo el apoyo» y que está dispuesta a comparecer y dar explicaciones todas las veces que sea necesario. Ha pedido empatía a la oposición y ha hecho hincapié en que nunca faltará el respeto a ninguna víctima.
«No pertenezco a esa clase de políticos que cuando tienen un gran problema con un accidente con muertos los esconden porque tienen prisa para celebrar un gran acontecimiento», ha recalcado en referencia al accidente de Metrovalencia de 2006 que dejó 43 fallecidos y 47 heridos y coincidió con la visita del Papa a la ciudad.
Reglamento para pagar las guardias
Bravo, por otro lado, ha rechazado las críticas del PP por la falta de técnicos de urgencias afirmando que ella no ha tomado «ninguna decisión política al respecto», sino que en 2019 los responsables de fiscalización de su departamento determinaron que no había sustento legal para pagarles esas horas como se solía hacer.
Ha asegurado que esto obligó a modificar la ley y a desarrollar un reglamento para abonar las guardias «con soporte legal» y con efectos retroactivos a 1 de enero, un reglamento que se sometió la semana pasada a negociación sindical y en otoño se remitirá al Consell para su aprobación.
Además, ha destacado que las plantillas de bomberos forestales van estabilizándose aunque todavía hay «problemas», ha rechazado la crítica de Luis Arquillos (Cs) de que el 20% de planes locales de incendios siguen en tramitación porque es competencia municipal y ha recordado a José Mª Llanos (Vox) que los fuegos de este verano «escapan de la capacidad de extinción» por las condiciones meteorológicas.
Entre los socios de gobierno, tanto Ernest Blanche (PSPV) como Juan Ponce (Compromís) han resaltado el aumento de las ayudas a la prevención de incendios mientras Beatriu Gascó (UP) ha sostenido que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) está «incompleta» y requiere de más equipos y autonomía y que los puestos de mando avanzado no deben convertirse en un «circo mediático».
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