Este proyecto cuenta con financiación de las ayudas para la conectividad digital incluidas en el componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que persigue reforzar la conectividad en 9.000 centros públicos en toda España, y cuenta también con aportaciones propias del Ejecutivo autonómico.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la actuación en dos líneas de trabajo, que han sido detalladas por Maru Díaz. Por un lado, se proporcionará conectividad de redes de banda ancha de «muy alta velocidad» a un mínimo de 80 colegios e institutos de las tres provincias aragonesas, aunque en el contrato, que se licitará en octubre, se valorará poder llegar a más centros, hasta un total de 144, ha esgrimido la consejera.
La distribución por provincias de centros potenciales para acoger este despliegue de fibra son 50 en Zaragoza, 48 en Huesca y 46 den Teruel, ubicados en el medio rural.
De esta manera, Díaz ha expresado que se van a sustituir tecnologías «obsoletas» que permiten a estas instalaciones tener Internet «de muy baja calidad, muy dependiente del consumo y de la climatología», por lo que se trata de «una mejora muy significativa» que permitirá que estos centros ubicados en el medio rural tengan «conexión de calidad».
Para ello, el Gobierno de Aragón, a través de Aragonesa de Servicios Telemáticos, licitará un contrato para el despliegue de fibra óptica en modalidad IRU --derecho irrevocable de uso-- entre los centros educativos y una central del operador o un punto de interconexión de red del Ejecutivo autonómico. De esta forma, se podrán contratar servicios de banda ancha a 1 Gbps, que beneficiarán a cerca de 8.000 alumnos y a sus equipos docentes.
El contrato tendrá una duración de 5 años. A lo largo de 2023, se desplegará la infraestructura, y desde finales de ese año y hasta 2028 se prestará el servicio, que será asumido con fondos propios del Ejecutivo autonómico. En total, se destinarán a esta actuación 3,83 millones de euros.
Segunda línea de acción
En cuanto a la segunda línea de acción, consistirá en instalar una red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, inalámbricas o cableadas, capaces de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps en 220 centros públicos repartidos por todo el territorio aragonés. El presupuesto, en este caso, superará los 1,80 millones.
En concreto, el Ejecutivo aragonés desplegará redes wifi de última generación (Wifi6) en 212 instalaciones educativas, sanitarias y administrativas. La mayor actuación se dará en 139 colegios e institutos de las tres provincias --60 de Zaragoza, 40 de Teruel y 39 de Huesca--, donde estudian más de 12.600 alumnos.
También se actuará en 55 centros sanitarios: 6 hospitales, 44 centros de salud de atención primaria y 5 centros médicos de especialidades ubicados en Zaragoza, Huesca, Teruel, Alcañiz, Barbastro, Jaca, La Almunia de Doña Godina, Utebo, Monzón y Calatayud.
Las redes inalámbricas de última generación también llegarán a cinco residencias del IASS de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como a cinco oficinas de empleo de Caspe, Calamocha, Monzón, Utrillas y Tarazona. Además, se garantizará una velocidad de 1 Gbps en ocho sedes administrativas de diversos departamentos y entidades públicas --Policía autonómica, Instituto Aragonés de la Juventud, INAGA, Instituto Aragonés de Administración Pública, Conservación del Medio Natural-- de las tres capitales.
Adicionalmente, se instalará una red de comunicaciones electrónica de alta velocidad de 1 Gbps en las unidades de anatomía patológica, radiología y medicina nuclear de los hospitales de Alcañiz; Barbastro; Ernest Lluch, de Calatayud; San Jorge, de Huesca; Obispo Polanco, de Teruel, y Clínico, Provincial y Royo Villanova, de Zaragoza.
El Hospital Miguel Servet ya dispone actualmente de estas prestaciones en dichas unidades. Todas ellas trabajan con imágenes de alta resolución y muy pesadas que necesitan grandes anchos de banda. Esta iniciativa permitirá reducir el tiempo de transferencia entre las dependencias hospitalarias, facilitando tanto el trabajo interno de cada centro, como el colaborativo, estableciendo una red de información y trabajo a nivel autonómico. Esto contribuirá a «la equidad asistencial», ha afirmado Díaz.
Se trata de un trabajo que se ha hecho «de forma conjunta» con el Departamento de Educación y Sanidad y para ello se han analizado aquellos centros que tenían una peor conexión o servicio y que no iban a ser cubiertos por los planes estatales ÚNICO 2021 y 2022, ha explicado la consejera.
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