La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, en una foto de archivo en rueda de prensa. | Joaquin Corchero - Europa Press

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El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 29 de septiembre, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que quiere instar a la Junta a elevar el precio-hora del servicio de ayuda a domicilio y regular las condiciones de sus trabajadoras.

En concreto, el PSOE-A quiere con esta iniciativa, consultada por Europa Press, que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a «adoptar las medidas necesarias para mejorar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía mediante la subida del precio-hora, hasta alcanzar los 18 euros la hora para el ejercicio presupuestario de 2023, por el que se financia este servicio, y que repercuta de forma directa y completa en el salario de las trabajadoras».

Igualmente, el Grupo Socialista quiere con esta PNL que el Parlamento inste a la Junta a que «con carácter urgente elabore y apruebe la regulación de las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía, con el más amplio consenso posible con las representantes sindicales, colegios profesionales y con los sindicatos con representación entre estas trabajadoras y trabajadores en Andalucía».

El PSOE-A quiere que dicha regulación contemple, entre otras medidas, una «relación y tipo de actuaciones que integran el servicio» de ayuda a domicilio, «según las carteras o catálogos de servicios sociales recogidos en la normativa autonómica», así como la «regulación del horario y jornada del servicio» y las «figuras profesionales», entre otras, las de coordinadoras de servicio, ayudantes de coordinación del servicio y auxiliares de ayuda a domicilio.

Asimismo, el Grupo Socialista quiere que la regulación del servicio de ayuda a domicilio que establezca la Junta contenga la «presentación del servicio, carta de servicios para la persona atendida y expedición de ficha de funciones visible en el domicilio», así como la «duración mínima de contratación» y la «formación y capacitación profesional exigidas a las auxiliares de ayuda a domicilio».

También, la «formación continua, presencial en horario laboral, actualización y certificaciones de profesionalidad a través de la experiencia laboral»; las «franjas horarias de atención que abarquen toda una jornada laboral»; una «estructura de coordinación, seguimiento y mecanismos de comunicación de incidencias al equipo técnico claros y protocolizados», y un «Plan de Prevención de Riesgos Laborales previo al inicio de la prestación del servicio».

Uno de los recursos "más demandados" en andalucía

En defensa de la iniciativa, firmada por la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, desde el PSOE-A subrayan que el servicio de ayuda a domicilio, regulado por el Gobierno andaluz mediante una orden del 15 de noviembre de 2007, modificada después por otras, es desde entonces «uno de los recursos más demandados por la ciudadanía y que más desarrollo ha tenido» en Andalucía.

La PNL subraya que esta comunidad autónoma es aquella donde «más personas son atendidas en su domicilio», y la aplicación de esta prestación ha supuesto la creación de «más de 35.000» puestos de trabajo en Andalucía, «especialmente de mujeres, y en todos los municipios, con especial incidencia en el ámbito rural».

Para el PSOE-A, las personas del servicio de ayuda a domicilio merecen una «mención especial» por su labor durante la pandemia de Covid-19, que «justifica, aún más si cabe, la necesidad de dotarles de un estatus profesional como el que tienen otros trabajadores (...) del ámbito socio sanitario y que les permita avanzar en derechos retributivos, de jornada y protección social».

Al respecto, desde el Grupo Socialista advierten de que «las condiciones laborales y salariales de las auxiliares de ayuda a domicilio son precarias debido, en muchos casos, a incumplimientos del convenio colectivo estatal y en otras ocasiones a la limitación del número de horas en sus contratos, la duración de las jornadas laborales, la falta de profesionalización, la escasez de formación o las condiciones de trabajo».