El sindicato ha señalado a través de un comunicado que la comitiva andaluza ha estado encabezada por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, quien ha considerado que la protesta ha constituido «todo un éxito de participación».
En total han sido más de 70.000 personas procedentes de la comunidad andaluza y del resto de España las que han acudido a esta cita, a la que estaba convocado tanto el personal perteneciente al sector público como a la empresa privada, así como el conjunto de la población, contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos.
Con esta movilización, el sindicato ha pretendido «canalizar el malestar de la ciudadanía ante la incierta situación actual, que los trabajadores afrontan con mucho esfuerzo, carencias y sacrificios, por la imparable escalada de los precios, el coste desmesurado de la energía y la cesta de la compra y el riesgo cada vez más evidente de entrar en recesión».
Al mismo tiempo, CSIF ha alertado de un deterioro progresivo de los servicios públicos en ámbitos fundamentales como la sanidad y la educación, así como una falta de reconocimiento hacia el colectivo de empleados públicos en sus condiciones laborales y salariales.
Ha subrayado además que «los bolsillos de los trabajadores ya han pagado y soportado con creces los efectos de las últimas crisis económicas, al tiempo que defiende que no es justo que los sacrificios recaigan siempre sobre la clase trabajadora».
Reunión con el ministerio el día 28
En este sentido, la presión sindical ejercida por CSIF «ha hecho posible» que la organización haya sido convocada para el próximo miércoles 28 de septiembre por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para abrir la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.
CSIF había exigido al Gobierno que «diese ejemplo a la empresa privada y negociara una subida justa en las administraciones públicas, ya que los empleados públicos llevan contribuyendo al pacto de rentas desde 2010, cuando por primera vez se les bajó el sueldo, y arrastran una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20% desde entonces».
En concreto, la central sindical reclama al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022 con carácter retroactivo para recuperar el poder adquisitivo perdido este año, así como un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra mermado desde 2010.
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