La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha denegado este lunes que los acusados del caso Alquería, entre los que se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, declaren al final del juicio como habían solicitado sus abogados y a lo que se había opuesto el fiscal Anticorrupción.
Asimismo, ha rechazado la absolución de sus acusados y retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción, como también habían pedido los letrados al considerar que se habían mermados sus derechos de defensa.
Así lo ha dado a conocer el tribunal que juzga a 14 personas por el caso Alquería, relativo a contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra --que se cerró el pasado mes de junio-- para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.
Rodríguez se enfrenta a una pena, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción, de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma petición de cárcel la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejerce la acusación, reclama 18 años de cárcel para Rodríguez.
El 27 de junio de 2018, Rodríguez llegó a ser detenido cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.
A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También solicita el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.
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