En su intervención, Olona se ha referido a las dos leyes que se están tramitando en las Cortes de Aragón para hacer frente al reto demográfico.
Para el consejero revertir los procesos socio-territoriales que despueblan el medio rural, así como el propio objetivo de desarrollo rural, «deben abordarse de manera transversal con la implicación de todo el Gobierno y coordinando todas las políticas que atañen al medio rural».
En Aragón se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria la Ley de Dinamización del Medio Rural, una iniciativa transversal, que implica a todos los departamentos, y que busca combatir las desigualdades que se generan entre los principales núcleos urbanos y el medio rural.
«Establece --ha contado-- el marco normativo de medidas de discriminación positiva y de los mecanismos de promoción, desarrollo y dinamización que permitan garantizar los servicios mínimos básicos y esenciales e impulsar las actividades socioeconómicas con el fin de lograr la igualdad de oportunidades y una calidad de vida equivalente para todos los habitantes del territorio aragonés». Ha destacado como principal medida, «las ventajas y beneficios fiscales para quienes residan en asentamientos con riesgo alto o extremo de despoblación».
Olona ha insistido en que la PAC debe ser una de las políticas a coordinar en relación con la lucha contra la despoblación, «puesto que no existe ninguna otra política pública con una dotación presupuestaria de la magnitud de la PAC que opere de manera directa y específica sobre el medio rural». En Aragón supone 500 millones de euros anuales, ha anotado.
Proteger explotaciones familiares
En este sentido, Olona se ha referido a cómo optimizar la contribución de la PAC a la lucha contra la despoblación y qué papel puede jugar la agricultura en el mantenimiento de la población en el medio rural. «La respuesta del Gobierno de Aragón ha sido la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, que plantea que la ayuda pública se concentre en favor del modelo familiar», ha destacado el consejero.
«La ley --ha explicado-- se formula bajo la convicción de que es el modelo familiar en concreto, y no la agricultura en sí, lo que contribuye al mantenimiento de nuestro medio rural tal y como lo conocemos y tal como nos gustaría que siguiera siendo».
Puesto que, «no es la agricultura en sí la que depende del apoyo público para seguir existiendo respondiendo al reto alimentario y ambiental, sino el modelo familiar como consecuencia de la imposibilidad de aplicar las economías de escala para mejorar su rentabilidad y resolver la brecha de renta que sufren los agricultores», ha señalado el consejero.
Para Olona, «el modelo familiar profesional está en clara regresión frente a otros modelos de carácter corporativo --con ventajas comparativas y competitivas evidentes-- que concentran fracciones crecientes de producción y renta agraria cuya evolución global --positiva y creciente-- enmascara la evolución económica del modelo familiar --negativa y regresiva--, por lo que es necesario que desde los poderes públicos se destine la ayuda a proteger a las explotaciones familiares».
Junto al consejero han estado en la mesa redonda el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo; y el secretario de Alimentación del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitad de Cataluña; Carmel Mondó.
También han participado la directora General de Desarrollo Rural de la Conselleria del Medio Rural de la Xunta de Galicia, Inés Santé; la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja, Eva Hita y el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Roger Llanes.
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