El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ofrece declaraciones a los medios de comunicación tras una firma de un acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía y Micr | Jesús Hellín - Europa Press

TW
0

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha insistido este miércoles en exigir al Gobierno central que ponga ya en marcha un fondo de nivelación transitorio que resuelva la «infrafinanciación» de Andalucía.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a Pozuelo de Alcorcón (Madrid), ha manifestado que se trata de un «acto de justicia con Andalucía, porque lo que le corresponde a esta comunidad es lo que le estamos reclamando al Gobierno central» y es que en los últimos años se han perdido más de 11.000 euros.

Ha recordado que el actual sistema de financiación autonómica, que el Gobierno pactó en su día con «nacionalismo radical», ha conllevado que Andalucía esté perdiendo unos mil millones por año.

«No pedimos más que los demás, sino que Andalucía, que está infrafinanciada, reciba lo que le corresponde por peso de población y en el marco de un sistema de financiación que sea justo», ha dicho Sanz.

Ha insistido en que el Gobierno, de manera inminente tiene que resolver el problema de la infrafinanciación que tienen varias comunidades a través de un fondo de nivelación transitorio que resuelva «una injusticia de trato».

«Andalucía no puede esperar a un futuro acuerdo que nadie sabe cuándo puede ocurrir. Estamos reclamando un acto de justicia con lo que nos corresponde a los andaluces», ha sentenciado.

Para Sanz, una nueva agresión contra Andalucía es el «impuestazo» a las grandes fortunas que el Gobierno quiere poner en marcha y que genera «inseguridad, inestabilidad y confusión y ataca a la capacidad fiscal de la Junta». Ha añadido que la Junta está estudiando desde el punto de vista jurídico qué consecuencias tiene y va a defender con todas las herramientas en sus manos que Andalucía «pueda ejercer su competencia en materia fiscal».