Euskadi ha implantado ya el Expediente Judicial Electrónico en toda la Jurisdicción Contencioso-administrativa y el próximo viernes se extenderá al orden Social. Este proceso, que permitirá eliminar totalmente el papel en los procesos judiciales, culminará en 2023, cuando su implantación será «total».
Así lo ha explicado la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, durante la presentación en Bilbao a los agentes judiciales y sociales del Plan Estratégico de la Justicia en la Comunidad Autónoma 2022-2028, que contempla, entre otras actuaciones, un plan de sedes judiciales hasta 2030 e incluye la puesta en marcha en 2025 del nuevo Palacio de Justicia del edificio Mapfre.
La sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha acogido este miércoles por la mañana la jornada titulada «Una Justicia con todos y para todos: nuestra justicia», que ha reunido a diferentes agentes del ámbito judicial, a quienes la consejera ha presentado el Plan Estratégico de Justicia, junto al presidente del Tribunal Vasco, Iñaki Subijana, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, y de la Secretaria del TSJPV, Blanca Rosa Barbero.
«Este plan establece nuestra hoja de ruta para los próximos años de lo que serán los principales retos y actuaciones del Gobierno Vasco en el ámbito de la Justicia», ha explicado la consejera al inicio de su
intervención.
Un centenar de personas ha asistido a la jornada en representación de los diferentes ámbitos judiciales y sociales como la Judicatura, la Fiscalía, la Abogacía, el Instituto Vasco de Medicina Forense, el Servicio de Atención a la Víctima y el área sindical, entre otros.
Beatriz Artolazabal ha destacado que, con este Plan --que contará con una inversión de 1.500 millones de euros y afectará a las de 3.000 profesionales-- se da respuesta al compromiso 97 del programa del Gobierno Vasco para esta legislatura.
En este sentido, ha destacado que este proyecto estratégico de Justicia establecerá los parámetros «para construir una Justicia más ágil, eficaz y digitalizada, centrada en las personas». Además, ha subrayado que una de las principales líneas es el Plan de Sedes Judiciales que tiene como objetivo «disponer de edificios judiciales, instalaciones y recursos materiales que den respuesta a las necesidades del servicio y respondan a su función, siendo seguros, accesibles, sostenibles, funcionales y confortables».
En esta línea, Artolazabal se ha referido al proyecto 'Más espacios', en el que su Departamento lleva tiempo trabajando, y cuyo mayor exponente ha sido la adquisición del edificio conocido como sede de Mapfre, en Bilbao. «Tras determinar sus usos futuros en el grupo de trabajo creado, recientemente hemos adjudicado la redacción del proyecto de obras, que nos entregarán a finales de año», ha añadido.
En principio, su pretensión es que las obras se liciten y adjudiquen avanzado 2023 y que la ejecución esté finalizada y el edificio se pueda ocupar finalizando 2025. El Plan de Sedes Judiciales también contempla un calendario de actuaciones en los edificios judiciales hasta 2030.
«Planificaremos actuaciones mediante ejecución de obras nuevas, reformas o rehabilitaciones, atendiendo al nuevo marco normativo que provocará algunos cambios organizativos y de actividad», ha anunciado la consejera, quien también ha mencionado el proyecto para que todos los edificios de Justicia «sean sostenibles energéticamente».
Amplio consenso
Artolazabal ha puesto en valor que el Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 ha obtenido un amplio consenso. «Partiendo de una realidad difícil, con un marco competencial complejo, con múltiples actores competenciales, puedo afirmar que la elaboración de este plan ha sido una experiencia que ha sumado y sigue sumando», ha explicado.
Para ello, se ha colaborado con Judicatura, la Fiscalía, el Instituto Vasco de Medicina Legal, personas pertenecientes a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio y distintos equipos de la Viceconsejería de Justicia.
Además, según ha manifestado, se han realizado sesiones presenciales con representantes de la Abogacía, procura y graduados y graduadas sociales, y encuestas de contraste con representantes de la ciudadanía, víctimas, asociaciones y colegios representativos de los diferentes operadores jurídicos, y de representantes institucionales, sociales y
otros agentes relevantes del sistema de Justicia.
"sumando por la justicia"
La consejera ha resaltado que una de las líneas estratégicas del Plan de Justicia lleva el título de 'Sumando por la Justicia', porque se necesita «mejorar los mecanismos con los que las diferentes administraciones y operadores jurídicos colaboran y complementan esfuerzos para mejorar la prestación del servicio».
Algunos de los proyectos más relevantes son la mejora de la articulación institucional, dinamización de la relación entre los agentes judiciales, y la estructuración y puesta en marcha de
grupos de trabajo con diferentes sectores como Educación, Seguridad, Políticas Sociales o víctimas, entre otros.
Expediente judicial electrónico
En lo que respecta al reto digital, Beatriz Artolazabal ha asegurado que se sigue trabajando en la implantación del Expediente Judicial Electrónico en el nuevo sistema Avantius, «una de las piedras angulares para el buen funcionamiento presente y futuro de la Justicia vasca».
En este sentido, ha informado de que este ya está implantado en toda la jurisdicción Contencioso-Administrativa y que el próximo
viernes se extenderá al orden Social. La implantación total está prevista para marzo de 2023.
«Sabemos que a lo largo del proceso se producirán incidencias y disfunciones relacionadas con un cambio tan profundo y con la necesaria coexistencia temporal con el sistema anterior. En este momento crítico, quiere pediros vuestra comprensión y una esfuerzo adicional de apoyo y ayuda», ha dicho a los presentes.
Un cambio cultural
Por su parte, Iñaki Subijana ha centrado su intervención en dos líneas del plan: una, la que tiene que ver «con una Justicia comprensible, que sea rápida y predecible»; y en segundo lugar, la de la Justicia restaurativa.
A su juicio, esto exige «un cambio cultural y formativo». «Hay que crear ya la cultura de que se puedan resolver los conflictos de diferente manera», ha afirmado. También ha destacado que es un modele de justicia aplicable a todos los órdenes jurídicos, aunque en un principio se haya desarrollado en la jurisdicción Penal y en algunos elementos en el orden familiar.
Carmen Adán ha apostado por el trabajo de equipos multidisciplinares en la Administración, sobre todo para la atención a los más vulnerables. Además, ha abogado por «tender puentes» entre todas las personas y colectivos implicados a la hora de dar el servicio público. «No somos islas», ha asegurado.
La Fiscal Superior también ha puesto en acento en fomentar la participación de la ciudadanía si se pretende que esta considere que la Administración de Justicia «tiene un valor público», además de impulsar la transparencia y la coordinación.
Asimismo, ha admitido que la justicia digital y la puesta en marcha de otras normas contempladas en el Plan Estratégico «van a dar problemas», pero hay que afrontarlos y «deben servir para avanzar y mejorar».
Tras concluir la presentación, el encuentro ha proseguido con una conferencia de José Ramón Chaves, magistrado especialista en lo Contencioso-Administrativo. Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda moderada por la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, en la que han participado Antón María Echevarrieta, presidente del Consejo Vasco de la Abogacía; Pablo Bustamante, presidente del Consejo Vasco de Procuradores, y Guillermo Gumb, presidente del Consejo Vasco de Graduados Sociales.
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