Así lo ha avanzado en la Asamblea de Madrid, durante la respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, quien ha remarcado que también contempla «una oferta de vivienda temporal en caso de la persona afectada no tenga donde vivir mientras se resuelve su proceso de ocupación ilegal».
«Vamos a seguir desplegando una batería de medidas para ayudar a las víctimas de la ocupación, entre ellas, la de no cargar a los legítimos propietarios el gasto del agua que han consumido los ocupantes e instar a los diferentes suministradores de gas y de electricidad estudiar cómo aliviar las facturas de los ocupados», ha subrayado.
Asimismo, ha declarado que van «a estudiar una oferta de vivienda temporal en caso de que la víctima no tenga dónde residir mientras exista el delito». «La ocupación, el comercio ilegal y la inseguridad ciudadana lastran la economía, el empleo y el turismo. No nos lo podemos permitir, porque aquí no sobra nadie, ni las personas con patrimonio ni los turistas, ni las personas que crean puestos de trabajo», ha declarado a continuación.
La presidenta madrileña ha subrayado que están consiguiendo «frenar» la okupación ilegal pero ha incidido en que hay 4.300 viviendas afectadas«. »El Gobierno de la Comunidad de Madrid está absolutamente en contra de la ocupación porque es un delito y aunque no tenemos competencias para ello, hemos puesto en marcha la oficina contra la ocupación, con la que estamos tratando de herramientas y asesoramiento a policías locales y asistencia a víctimas del delito", ha manifestado.
El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid solicitó suspender el cobro de los recibos de los suministros del Canal de Isabel II a todos aquellos propietarios titulares de los citados suministros cuyas fincas estén ocupadas y el procedimiento de recuperación de la finca.
El 2 de abril de 2020 entró en vigor el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo (en adelante, RDL), que estableció la suspensión de los procedimientos de desahucio derivados de contratos de arrendamiento sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como de los lanzamientos de los declarados vulnerables sin alternativa habitacional.
Canal de Isabel II mantiene congeladas las tarifas del agua en la región, que tiene un precio un 20% inferior a la media nacional. Además ofrece bonificaciones a aquellos usuarios que acrediten no poder hacer frente al pago del agua --del 50% del importe de la cuota de servicio fija--. Además, usuarios que acrediten que su vivienda habitual está habitada por una familia numerosa o por más de 4 personas empadronadas cuentan con bonificaciones.
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