Así se desprende de los datos de este presupuesto, consultado por Europa Press, que fue aprobado el pasado 14 de octubre por la Mesa del Parlamento andaluz, y que corresponde al que será el primer año completo de funcionamiento de la Oficina con «plena efectividad».
Justo un año antes de la aprobación de este presupuesto, la Mesa del Parlamento estableció mediante un acuerdo, el 14 de octubre de 2021, el régimen jurídico preciso para la puesta en funcionamiento de esta oficina. No obstante, el director de este órgano, Ricardo Vicente Puyol, estableció que sería a partir del 1 de junio de 2022 cuando adquirirían «plena efectividad» las previsiones de la citada Ley 2/2021 «vinculadas al pleno desarrollo» de las funciones de esta unidad.
Por ello no es posible realizar una comparativa interanual entre el presupuesto con el que contará la Oficina en 2023 respecto a la anualidad de 2022, según se refleja también en el documento de las cuentas aprobadas para este organismo.
El presupuesto total de 1.797.670 euros es el resultado de la suma de 1.571.670 euros procedentes de transferencias corrientes y de 226.000 euros de transferencias de capital, en ambos casos procedentes de la Junta de Andalucía.
Gastos de personal
Por capítulos, el número 1, de Gastos de personal, es el que concentra el mayor montante del presupuesto, hasta un total de 1.252.170 euros, de los que 81.500 euros se destinan a las retribuciones de altos cargos, mientras que para las del personal funcionario se consignan 643.060 euros.
La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento aprobó el pasado 31 de mayo de 2022 la Relación de Puestos de Trabajo de esta oficina a partir de la propuesta que al respecto trasladó el director de la misma, Ricardo Vicente Puyol, a la Mesa de la Cámara andaluza.
Dicha Relación de Puestos de Trabajo da cabida a una decena de profesionales. En concreto, contempla cuatro plazas de Dirección y coordinación --una de director adjunto, dos de asesor técnico y una de Secretaría de Dirección y Unidad de Tramitación--; dos plazas vinculadas a la Subdirección de Administración, Recursos Humanos, Gestión Económica y TI; otras dos adscritas a la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen sancionador, y las restantes dos plazas asignadas a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección al denunciante.
Gastos corrientes
La partida del capítulo II, de Gastos corrientes en bienes y servicios, asciende a 316.500 euros, montante del que cerca de la mitad --141.500 euros-- se vincula a los gastos de 'material, suministros y otros', que incluyen los suministros de electricidad, agua y gas, entre otros --10.000 euros--, las comunicaciones --telefónicas, postales y mensajería, telex, telefax y burofax, para todo lo cual se presupuestan 12.500 euros--, y «gastos diversos» que incluyen los de «información, divulgación y publicidad» --6.000 euros--, y los de «atenciones protocolarias y representativas», por otro importe de 6.000 euros.
En el capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios se incluye también la partida de 'Arrendamientos y cánones', que suma 98.000 euros de presupuesto, de los que 60.000 van destinados al «arrendamiento de edificios y otras construcciones», y los restantes 38.000 euros al «arrendamiento de sistemas para procesos de información».
También en este capítulo se incluye el apartado de 'Indemnizaciones por razón del servicio', que incluye una partida de 10.000 euros para dietas, otra de 5.000 euros para gastos de locomoción, y otra de 6.000 euros para traslados.
El capítulo III del presupuesto de la Oficina es el de Gastos financieros, dotado de 3.000 euros, mientras que el capítulo IV es el de 'Inversiones Reales', para el que se consignan 226.000 euros, todos ellos para el apartado de 'Proyectos de inversión nueva'.
El grueso de esa partida --un total de 170.000 euros-- se destina a la adquisición de equipamientos para procesos de información, mientras que se prevé invertir 30.000 euros en mobiliario y enseres, y gastar 26.000 euros en «inversiones de carácter inmaterial», como «aplicaciones informáticas desarrolladas a medida» y «programas informáticos bajo licencia».
Tras su aprobación por la Mesa del Parlamento, el presupuesto de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción se remitirá al Consejo de Gobierno de la Junta, según se recoge en un acuerdo del órgano de gobierno de la Cámara autonómica del pasado 28 de octubre.
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