El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha advertido que la comunidad autónoma tiene un despliegue de las energías renovables atrasado que denota un estancamiento en la transición energética: «Falta estrategia para desarrollar el modelo de sostenibilidad que necesita».
Así se extrae de la nota de opinión del colegio profesional sobre los retos para la sostenibilidad de la economía catalana con motivo de la jornada de los economistas de 2022.
Reclama que la sociedad catalana y sus representantes y autoridades reflexionen «amplia y urgentemente» sobre su modelo energético y de sostenibilidad y que se actúa con celeridad.
Advierte de que en los últimos tiempo se ha «tensionado considerablemente» el trilema energético --seguridad de suministro, acceso a la energía y sostenibilidad ambiental, y que se ha abierto un debate que puede generar tensiones y conflictos que pueden derivar en decisiones no deseadas.
"atrasar el proceso diseñado"
El colegio ve necesario modificar las bases del desarrollo sostenible actuales y evaluar si es necesario posponer los objetivos establecidos a nivel comunitario.
Incluso, propone tener en cuenta dónde se quiere ir y los recursos con los que se dispone: «Conviene rediseñar la transición energética».
También apuesta por «atrasar el proceso diseñado, fijando nuevos plazos y más flexibles», y definir las inversiones necesarias en ámbitos como la fabricación de componentes, la extracción de minerales o el desarrollo de tecnologías avanzadas.
Plan de la generalitat
El Col·legi d'Economistes de Catalunya considera que el plan de gobierno de la Generalitat en materia energética y de sostenibilidad no puede olvidar que Catalunya forma parte del espacio europeo, en el que «se tiene que integrar».
Apuesta por contemplar una perspectiva de medio y largo plazo para que tenga éxito, «evitando el cortoplacismo», así como analizar lo que cada tecnología puede garantizar en cuanto a cobertura de demanda energética interna.
También ve necesario considerar la «diferente problemática» según el territorio y adaptar las medidas a cada caso, y que la estrategia cuenta con la colaboración de todas las partes implicadas --sector público, empresas y universidades--.
El colegio pide elevar «la responsabilidad de la estrategia al máximo nivel competencial de la Generalitat».
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