Agricultores y ganaderos de los pueblos de la Tierra de Biescas --Orós Alto, Orós Bajo y Oliván-- se reúnen este sábado, 5 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, en el Ayuntamiento biesquense para firmar alegaciones contra el soterramiento de una línea de alta tensión que se tendría que construir para evacuar la energía generada por un macroproyecto de placas fotovoltaicas pendiente de aprobación.
A la reunión, además de ganaderos y agricultores, están convocados todos los afectados por este proyecto, ya sean propietarios de establecimientos hosteleros y hoteleros, comerciantes y los propios vecinos de estas localidades, cuya fuente de ingresos, en buena medida, procede del turismo atraído por un paisaje de montaña.
Además de firmar la alegación en contra del soterramiento de la línea de alta tensión, para lo que tienen de plazo hasta el 14 de noviembre, también se informará a los asistentes de la situación de este proyecto de energía fotovoltaica, que está sin resolver.
En Biescas hay cerca de veinte de propietarios de terrenos que estarán afectados por esta línea de alta tensión, en Orós serían la mitad y una cifra similar en Oliván. «Son fincas pequeñas y es difícil encontrar una parcela superior a una hectárea», ha comentado la vecina de Biescas, Maite Cotí, quien es hija, mujer y madre de ganaderos.
«Además, hay propietarios no tienen quien les sigan las tierras porque sus descendientes no se dedican al campo y las venden porque no les renta alquilarlas al no poder competir con lo que les ofrece las empresas de las placas solares», ha explicado Maite Cotí.
En declaraciones a Europa Press, ha indicado que la instalación de una nueva línea de alta tensión supondría una «servidumbre de paso de tres metros a cada lado de la canalización y los campos son justos para el cultivo».
Ha recordado que los habitantes del valle de Tena «ya hemos sido solidarios» con las infraestructuras hidráulicas, en concreto con los embalses de Búbal y Lanuza, con las consiguientes afecciones que se produjeron de inundaciones no solo de tierras de cultivo que eran el medio de vida, sino de pueblos enteros, ha rememorado.
Cotí ha observado que «están de moda» las energías limpias, pero «se ponen en campos de cultivo que se puede necesitar y más ahora que hay aumento de precio de los alimentos. Sin luz se puede vivir, sin alimentos no», ha zanjado.
Alegaciones
La alegación es en contra de la modificación de proyecto de infraestructura de evacuación compartida compuesta por la Subestación Eléctrica Trasformadora (SET) Sierra Plana 1 220/30 kw y Línea subterránea de Alta Tensión (LAAT) Sierra Plana 1 SET Biescas en 220 kw en los términos municipales oscenses de Sabiñánigo y Biescas.
Este es uno de los tres proyectos que han presentado las empresas 'Solar Alto Gállego, S.L.'; 'Meseta y Sol, S.L.'; y 'Montaña Solar, S.L.', las tres con el mismo domicilio en la calle Goya 6, 2 planta, de Madrid. De los tres proyectos, los de mayor potencia son los dos primeros de Biescas-Sabiñánigo y Jaca-Sabiñánigo, cada uno de 220 kw, y el tercero en el término municipal de Jaca, es de 30 kw.
En la alegación argumentan que sus fincas aparecen en el anexo 3 del proyecto y se ven afectadas por el trazado, al considerarse una servidumbre por la zanja donde irá la línea de alta tensión, además de una zona cámara de empalme y también se prevé una ocupación temporal de 3 metros cada lado desde el borde de la canalización.
Se esgrime que en el expediente no figura el modo en el que la promotora prevé obtener el derecho a disponer de las fincas afectadas para lo que no se ha firmado ningún acuerdo y añaden que dicho acuerdo «no podrá formalizarse puesto que la finca es imprescindible para la explotación económica agrícola o ganadera que constituye el medio de vida» del afectado.
Por ello, piden que el trazado se traslade a fincas con las que la promotora haya obtenido algún acuerdo con su propietario o a terrenos de titularidad pública y, en su defecto, que sea de conformidad con el Derecho Civil Foral Aragonés de modo que la línea a su paso por la finca del firmante «permita el paso de la maquinaria necesaria para tareas agrícolas o ganaderas y con profundidad suficiente para arar».
Asimismo, añaden que no es la primera vez que los propietarios de fincas en Biescas «sufren» los tendidos eléctricos, ya que numerosas parcelas de este nuevo trazado ya están atravesadas por la línea de alta tensión aérea.
En la segunda de las ocho alegaciones se dice que la promotora no ha respetado las limitaciones legales a la construcción de servidumbres de paso. Antes de plantear la imposición de servidumbre sobre fincas de particulares la promotora debe descartar en el estudio de alternativas la existencia de paso por terreno públicos.
Reserva de la biosfera
La ausencia de utilidad pública que justifique la expropiación de fincas es otra de las alegaciones, ya que el proyecto consiste en una planta fotovoltaica privada y una línea privada de evacuación no de transporte o distribución por lo que «no presta servicio público, sino que solo sirve a intereses particulares de la promotora».
Este proyecto --añaden-- busca conectar sus instalaciones privadas de generación de energía con el punto de acceso a la red que «libremente ha escogido, en la SET de Biescas, muy alejado de ellas por lo que con su decisión la promotora ha creado la necesidad que no es pública de conectarlas mediante una línea eléctrica desmesurada e innecesaria. Para ello ha buscado el trazado más cómodo y al menor coste sin reparar en las afecciones a las fincas que atraviesa».
Este proyecto de la promotora es para realizar una actividad empresarial «lucrativa en su propio beneficio» por lo que los firmantes no observan cual es la utilidad pública que justificaría el «sacrificio» de su derecho a su propiedad privada.
Otro argumento es que el estudio de impacto medioambiental «reconoce» que parte del trazado atraviesa suelo dedicado a la actividad ganadera que «es de alta relevancia cultural en la zona y además está protegida con la figura de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala». La actividad agraria y ganadera es seña de identidad de la zona y conforma su paisaje y medioambiente, que son el motor del turismo, por lo que se entiende que existe un «interés público en no alterarlas en beneficio de actividades privadas».
En la cuarta alegación los afectados aducen ausencia de documentación preceptiva, falta de notificación personal e indefensión. La quinta alude al fraccionamiento del proyecto de más de 20 kilómetros en dos segmentos inferiores a los 15 kilómetros para que el proyecto sea sometido al procedimiento simplificado, menos riguroso, que el ordinario.
La sexta alegación critica la justificación de la ubicación, ya que la alternativa escogida afecta a terrenos de «elevada utilidad agraria» que han sido objeto de inversiones públicas y privadas, como riegos concentración parcelaria, que se malograrían.
En la séptima se indica que en caso de extinción de la servidumbre la promotora deberá retirar la instalación y reponer el terreno a su estado actual, pero en el presupuesto no se prevé cumplir esta obligación ni se garantiza en modo alguno.
La octava tilda de «inaceptable» el impacto medioambiental con las múltiples afecciones que ocasionaría, como los impactos electromagnéticos, puesto que las fincas por las que pasaría la línea es el lugar de trabajo del afectado. Asimismo, en los 2.207 metros atravesaría bosques que son hábitat de especies en extinción, vías pecuarias y Zonas de Especial Conservación (ZEC).
La afectación al paisaje y al patrimonio histórico es la última alegación porque aunque se soterre la línea, la planta fotovoltaica permanece visible desde Oliván y no se evalúa correctamente la afección a varias iglesias, algunas mozárabes, lo que infringe la Ley del suelo.
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