Punto de Atención Continuada (PAC) en la capital perteneciente a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria | Europa Press

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Los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y Satse han censurado este lunes la propuesta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para poner en marcha un modelo transitorio de organización de los centros sanitarios 24 horas por la huelga indefinida de facultativos y han cargado especialmente por la propuesta de atención médica por videoconferencia en Urgencias al considerar que pone en riesgo a los pacientes.

En concreto, el modelo transitorio propuesto contempla que los 80 centros sanitarios 24 horas estén abiertos con 46 puntos fijos que dispondrán de médico, enfermero y celador, y los otros 34 con dos enfermeros, celador y equipos para la realización de videonconsulta con un facultativo de la misma zona asistencial.

CC.OO. Sanidad Madrid ha censurado esta «última 'gracia'» de la presidenta regional al considerar que la incorporación de la videoconferian «no sólo contribuye al 'caos'» que ya afecta a la Atención Primaria sino que además supone un «incremento del riesgo asistencial» en los usuarios y comprometen al servicio de Urgencias.

«La atención sanitaria de urgencias necesita una atención presencial, ya que debe haber una exploración física, que es parte fundamental en el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades, y en la atención a los y las pacientes», ha destacado Sergio Fernández Ruiz, portavoz CC.OO. Sanidad Madrid. «Es exigible, por tanto, la atención presencial en todas las urgencias, sin excusas», ha añadido.

Por ello, el sindicato ha recalcado que la implantación de estas videoconferencias en las urgencias de Atención Primaria «supone un deterioro en la calidad de la asistencia sanitaria y podría provocar graves problemas de salud a las personas». «Esta »ocurrencia« de la presidenta de la Comunidad de Madrid pone de relieve, una vez más, un camino trazado hacia la privatización sanitaria. Privatización que busca la rentabilidad y el ahorro económico por encima de las personas y acabará afectando muy negativamente a la asistencia sanitaria de los madrileños y las madrileñas», ha alegado.

Por su parte, Julián Ordóñez, responsable de UGT Servicios Públicos de Madrid, ha subrayado que la Consejería «está muy equivocada en sus planteamientos» pero esto «ya sería el remate incidir sobre los errores sobradamente conocidos». «Normalizar la destrucción de las urgencias puede traer consecuencias irreparables», ha advertido.

Desde CSIT Unión Profesional, Rosca Vicente, secretaria del Área de Sanidad, ha subrayado que aunque la videoconsulta puede tener «muchas bondades» no parece «una buena idea» para tratar la Urgencia, que debe ser presencial. «La telemedicina debe ser un apoyo al proceso asistencial, pero nunca un sustantivo», ha recalcado la portavoz sindical.

Críticas por conocer el plan por los medios de comunicación

Igualmente, los sindicatos, que el pasado viernes dieron por roto el acuerdo de compromisos con la Consejería de Sanidad por falta de cumplimiento, han censurado que el plan no haya sido trasladado a las organizaciones sindicales en el marco de la Mesa de Sanidad.

Desde Satse, sindicato de Enfermería, han reclamado que «todos los centros estén abierto con todo el personal necesario» y han censurado además que el Ejecutivo regional explique sus planes en los medios de comunicación antes de exponerlos a los interesados, los propios trabajadores.

«Nos parece vergonzoso que nos hayamos enterado por los medios de comunicación de los planes del Gobierno regional que, por otro lado, no han presentado en Mesa Sectorial a pesar de ser los representantes elegidos por los trabajadores», han lamentado desde la organización sindical.

Así, ha reclamado a la Consejería de Sanidad que este modelo que pretender «imponer» se negocie previamente en Mesa. «Legada la imposición de la Consejería, estamos en desacuerdo que las enfermeras estén sin respaldo necesario por lo que reclamamos protocolos claros y de conocimiento público para la enfermeras que se encuentren en esos puestos y el respaldo jurídico y legislativo», han apostillado.