La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, inicia movilizaciones el próximo 23 de noviembre con concentraciones ante las delegaciones del Gobierno de la Junta en las ocho provincias contra «el deterioro» de los servicios públicos básicos en la comunidad y de las condiciones laborales de los empleados públicos que los sustentan.
Así lo ha anunciado este jueves en Sevilla el presidente de CSIF-A, Germán Girela, quien ha cifrado en 45.000 el déficit de personal que acumulan los sectores de la Sanidad, la Educación, la Justicia y la
Administración General de la Junta.
Bajo el lema 'Servicios públicos, lo primero', la central sindical va a poner en marcha un calendario de protestas con el que se quiere visibilizar la realidad que viven los profesionales en los distintos servicios del sector público, y que difiere sustancialmente de «las afirmaciones grandilocuentes que se realizan de forma recurrente por parte del Ejecutivo andaluz» y de la apuesta que dice tener por dichos servicios, según ha indicado el presidente autonómico del sindicato, que ha ofrecido una rueda de prensa acompañado de los responsables de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, y CSIF Educación Andalucía, Elena García.
El presidente de CSIF Andalucía ha cuestionado la «presunta apuesta» del Gobierno andaluz por los servicios públicos y ha subrayado la progresiva externalización de los mismos, como ocurre en la Sanidad, en el Servicio Andaluz de Empleo o en el servicio del Personal Técnico de Integración (PTIS).
Ha recordado que la central sindical ya se echó a la calle el pasado 24 de septiembre en Madrid con una gran concentración a nivel nacional por «el deterioro de los servicios públicos y la falta de medidas al respecto del Ejecutivo central» y ha calificado de «nefasto» además el acuerdo retributivo firmado entre el Gobierno central y los sindicatos
de clase para los empleados públicos, que ya acumulan más de un 20% de
pérdida de poder adquisitivo en la última década.
Respecto a la sanidad pública, Germán Girela ha detallado que la media de efectivos del Servicio Andaluz de Salud durante el año 2021 se situó en 121.523 trabajadores, un dato que contrasta con el de la plantilla media del segundo trimestre de 2022, que asciende a 105.570, lo que supone 16.000 efectivos menos en la Sanidad pública en el último año.
Igualmente ha recordado que actualmente hay en el sistema sanitario público 12.000 trabajadores a los que les expira el contrato a 31 de diciembre próximo y que deberían hacerse estructurales puesto que cubren necesidades estructurales, ha argumentado.
Según los cálculos del sector de sanidad de CSIF-A, para que las plantillas de la sanidad andaluza estuviesen dimensionadas, como mínimo tendrían que contratarse a 2.000 médicos más entre Primaria y Especializada; a 7.000 enfermeras más, 4.500 técnicos en cuidados de enfermería (TCAE) más, 300 fisioterapeutas más, así como un millar de administrativos y auxiliares administrativos, así como más personal de distintas categorías, como Trabajadores Sociales, celadores, técnicos de mantenimiento o pinches de cocina, entre otras.
El responsable sindical ha reprochado a la Administración que «haya olvidado el valor real y la entrega de los profesionales de la sanidad pública, que son a los que aplaudíamos desde nuestras ventanas en el confinamiento», a juzgar por decisiones como, por ejemplo, «recortarles la productividad (el conocido como CRP) por segundo año consecutivo».
En cuanto a la educación pública en Andalucía, el presidente de CSIF-A ha lamentado «la destrucción de unidades en la escuela pública», que ha cifrado en 1.256 unidades en los últimos tres cursos escolares completos, al tiempo que ha aludido al «exceso de burocracia innecesaria» que afecta al sistema educativo público y que podría
traducirse en efectivos de apoyo y desdobles.
Igualmente ha hecho referencia a la atención a la diversidad como una «asignatura pendiente», ya que el incremento de los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en el sistema no es proporcional el creciente número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), de manera que "la Junta de
Andalucía quiere hacer más con mucho menos de lo necesario y esto es lo que provoca que exista una crítica unánime por parte de la comunidad educativa" en este sentido.
En concreto, CSIF cifra en 12.000 los profesionales que sería necesario incrementar en las plantillas docentes de Andalucía para que estuvieran adecuadamente dimensionadas, de los que 6.000 efectivos tendrían que ser del Cuerpo de Maestros, 4.600 de Secundaria y 1.400 de PT y AL para la atención a la diversidad.
Recursos para acabar con la "justicia tardía"
En cuanto a justicia, Germán Girela ha recordado que la tasa de litigiosidad ya superó en 2021 los niveles anteriores a la pandemia de la Covid y ha apuntado que el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señala que «es difícil, por no decir imposible acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo».
En este sentido, ha estimado que «Andalucía necesita más de 50 nuevos juzgados y ampliar las plantillas en unos 500 efectivos más para poner fin a la Justicia tardía, ya que hablamos de un déficit que es histórico y estructural», según ha argumentado, al tiempo que ha abogado por el mantenimiento y ampliación a todo el año de los refuerzos de las guardias en partidos judiciales costeros, así como por una inversión decidida en infraestructuras judiciales que permitan acabar con la dispersión que existe en sedes como las de Jaén, Cádiz, Huelva o Granada.
Por último, el presidente de CSIF-A se ha referido al Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía, en el que en 2030 se jubilarán 11.533 trabajadores, entre funcionarios y personal laboral, según datos de la propia Administración, y que cuenta con una plantilla muy envejecida además de no cubrirse las jubilaciones y las bajas que se producen.
400 funcionarios más contra "el colapso" de la dependencia
Ha puesto como ejemplo de carencias en este personal que harían falta unos 400 funcionarios para terminar con el colapso en los expedientes de valoración de la dependencia, cuyo promedio de resolución se sitúa actualmente en 18 meses. También ha aludido al Servicio Andaluz de Empleo, cuyas oficinas funcionan con menos de la mitad de su plantilla --concretamente con el 36,19% de sus efectivos_- al mismo tiempo que la Administración impulsa la colaboración público privada con agencias de colocación para labores de intermediación,
inserción y asesoramiento.
En esta misma línea, se ha referido al personal Técnico de Integración Social de Educación (los llamados PTIS), cuyo servicio está externalizado por parte de la Administración en más de un 92%.
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