La iniciativa, que quieren tramitar con carácter de urgencia para que pueda aprobarse en el pleno de la semana que viene, llega una semana después de que un informe preliminar de la Eurocámara diera por probado que se espió a 65 independentistas con el programa Pegasus.
En la propuesta, sus impulsores reclaman a la UE que establezca marcos legales y mecanismos de control en la actuación de sus estados miembros para evitar «prácticas abusivas e ilegales que no pueden ser reparadas por un control judicial posterior» y que se puedan repitan así casos como el Catalangate.
También solicitan al PE que apruebe una iniciativa para pedir a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa que conlleve «la prohibición total e inmediata del usos del sistema Pegasus y de cualquier otro similar» en la UE.
Además, piden que tres representantes del Parlament, como parte implicada, puedan comparecer ante la comisión de peticiones del PE, y también en la audiencia pública del 29 de noviembre que la comisión de investigación a nivel europeo tiene previsto realizar sobre el caso de España.
En el texto también se emplaza a crear mecanismos de control y sanción a los estados miembros que permitan la producción y comercialización de programas 'spyware', como es el caso de Israel con Pegasus.
Entre otros puntos, la propuesta acuerda elevar al PE el informe elaborado por The Citizen Lab sobre el Catalangate así como el informe que elaboró el Síndic de Greuges bajo el nombre de 'Casos Pegasus: Vulneraciones de los derechos a la intimidad, la defensa y otros derechos".
Grupos
Desde ERC, el diputado Jordi Orobitg ha celebrado que los cuatro grupos hayan tenido la capacidad de consensuar un texto con el objetivo de que el Parlamento Europeo les escuche y para conseguir «la justicia que no se puede conseguir el seno del Estado español».
Para el diputado de Junts Josep Rius, el Catalangate constituye «el mayor escándalo de espionaje digital acreditado», y ha confiado en que en Europa puedan encontrar la justicia que creen que no han recibido por parte del Estado.
«Al Estado ni está ni se le espera para saber qué ha pasado. Ante esta inacción, que hemos visto en el Congreso y en los tribunales de justicia, sólo nos queda recurrir a la autotutela y acudir a las instancias europeas», ha explicado la diputada de la CUP Montserrat Vinyets.
Por parte de los comuns, la diputada Susanna Segovia ha defendido que en este caso hay que responder «con transparencia, investigación, asunción de responsabilidades y con políticas» que eviten que estos casos se repitan.
Los cuatro grupos han registrado la propuesta acogiéndose al derecho de petición ante el Parlamento Europeo que establece el artículo 203 del reglamento, que fija que la Cámara puede ejercer este derecho para promover una iniciativa en relación con una materia incluida en el ámbito de las competencias de la UE, y la puede presentar el Govern, dos grupos o una quinta parte de los miembros del Parlament.
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