La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha apuntado este miércoles la necesidad de abrir una reflexión sobre si la ley 'solo sí es sí' está beneficando a los violadores, pues -según ha dicho- «esta norma se supone que nace para proteger más a las víctimas y para penar a los agresores sexuales».
Bravo se ha pronunciado así ante los medios durante la visita que ha realizado al Servicio de Orientación y Mediación (SOM) de la Ciudad de la Justicia de Castellón, al ser preguntada por la rebaja de las penas que están consiguiendo algunos violadores con respecto a antes de la reforma del Código Penal dentro de la conocida ley 'solo sí es sí'
La titular de Justicia ha señalado que el hecho de que violadores o agresores sexuales hayan conseguido obtener una rebaja de la pena prevista comprarándola con la legislación anterior a la reforma ya fue alertado por los órganos consultivos, «que hicieron los correspondientes informes», pues «tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial alertaron de esta posible situación, es decir, que podía beneficiar a los violadores».
Según Bravo, la cuestión «pasa necesariamente por abrir una reflexión de si esto es así vistas las últimas sentencias dictadas, y si los déficits de la técnica legislativa llevan a los jueces a dar una interpretación para la que la norma no estaba prevista». «Esta norma se supone que no nace para beneficiar los violadores, sino para proteger más a las víctimas y para penar a los agresores sexuales, que no pueden salir beneficiados por una reforma como esta», ha añadido.
Rebaja de edad penal
Preguntada por la propuesta de rebajar la edad penal mínima de 14 a 12 años en delitos sexuales, Bravo ha insistido en que hay otras vías pero que «no están funcionado». Así, ha explicado que «cuando un menor de 14 años comete un delito tiene que ser asistido por parte del sistema de protección, es decir, hay que intervenir con la familia y el menor desde el ámbito de protección, poniendo todos los recursos necesarios para poder actuar, pero no desde una vía represiva».
Al respecto, ha indicado que «aunque la ley penal del menor tenga un fin en sí misma educativo, estamos hablando de centros de reforma, que no son colegios, y estamos hablando de niños, con los que tenemos la obligación de trabajar con ellos desde otro prisma porque están en una fase de su desarrollo que no se les puede tratar como delicuentes, pero necesitan intervención en ese momento».
El problema -según la consellera- es que en el ámbito de la protección «no hay recursos para trabajar con ellos, por lo que se tienen que fortalecer y dotar de recursos a los fiscales para trabajar en la intervención desde esta área, con medidas esencialmente educativas».
Así mismo, ha apuntado la necesidad de trabajar desde la prevención y plantearse desde el ámbito educativo «por qué estos niños ahora son más violentos y están asumiendo actuaciones y comportamientos que estaban situados en edades más adultas».
«Sabemos que los niños están teniendo acceso a contenidos que son totalmente inadecuados, que están motivando que tengan comportamientos muchos más violentos», ha añadido.
«No podemos dar una respuesta penal a un problema social, y lo que la Fiscalía demanda son recursos, que no existen en el ámbito de la protección», ha concluido.
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