Por su parte, Vox se ha limitado a presentar una enmienda a la totalidad al considerar que esta ley genera «inseguridad jurídica» al modificar muchas normas que no tienen relación con la política económica, además de aumentar la «grasa de la administración» y el gasto político «innecesario e ineficaz».
Estas son las propuestas de la oposición a la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, conocida como ley de acompañamiento, para su debate durante las próximas semanas.
Las 72 enmiendas parciales del PP, a modo de «revolución fiscal», se centran en suprimir la carga impositiva para ayudar a paliar la situación de crisis económica, mediante una bajada generalizada de impuestos tanto en la tributación individual a escala autonómica como en los mínimos personales y familiares.
En primer lugar, solicita una modificación del IRPF que beneficie al cien por cien de los contribuyentes, con lo que según sus cálculos las rentas más bajas se pueden ahorrar hasta un 30% de impuestos. También pide cambiar el impuesto de sucesiones para que tanto las personas como las empresas se beneficien hasta el 99%, dejándolo «prácticamente inexistente» y otorgando a las donaciones el mismo tratamiento que a las sucesiones.
Exige en otra enmienda la modificación del impuesto de transmisiones patrimoniales que rebaje el pago actual por una vivienda de segunda mano e incluya una tarifa progresiva donde se pague un porcentaje inferior al actual 10%, además de facilitar el acceso a una vivienda a los más jóvenes con un tipo superreducido del 3%.
Paralelamente, reclama una bajada generalizada del 10% en todas las tasas autonómicas, una modificación del procedimiento del control financiero de subvenciones que «pretende rebajar el Consell» y suprimir la excepción relativa al fondo autonómico para la mejora de la gestión de residuos.
Derogar el plurilingüismo y el fondo de cooperación
Más allá de los impuestos, los 'populares' piden la derogación de varias normas: funcionamiento de la oficina de derechos lingüísticos, plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, fondo de cooperación municipal, ampliación de la vivienda pública mediante los derechos de tanteo y retracto o Ley de Función Pública. Otras de sus propuestas van encaminadas a acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables.
Entre sus enmiendas parciales, Cs plantea que los alumnos de las universidades públicas valencianas tengan matricula bonificada en función de los créditos aprobados el curso anterior, con la intención de premiar el esfuerzo, garantizar la igualdad de oportunidades y dar la misma importancia a la formación universitaria que al resto.
Reclama además el incremento de la rebaja del IRPF a los tramos más bajos en función de la inflación, eliminar el requisito lingüístico para el acceso a la función pública y apoyar a los jóvenes emprendedores mediante deducciones fiscales y complementos salariales en los primeros años laborales.
Bous al carrer
De manera conjunta, PP y Cs han presentado dos enmiendas de adición relativas a los 'bous al carrer' para que la ley recoja que «cuando el riesgo asegurado sea inferior al importe de la asistencia, el sistema público valenciano de salud se hará cargo del importe no asegurado» y establezca la responsabilidad del participante no apto en festejos taurinos tradicionales y la asunción de costes económicos.
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