Así se ha pronunciado la abogada de Rodríguez en la exposición de su informe en el caso Alquería, relativo a contratos presuntamente irregulares de altos directivos en 2015 y 2018 para favorecer al PSPV y a Compromís. En total, hay 14 acusados en este procedimiento y Rodríguez se enfrenta, tal y como le reclaman las acusaciones, a ocho años de prisión y a 20 de inhabilitación para empleo o cargo público por delitos de prevaricación, malversación y falsedad.
En primer lugar, la letrada ha querido aclarar que Rodríguez no participó en el pacto de gobierno para gobernar en la Diputación de Valencia --entre PSPV y Compromís--. «En ese momento Rodríguez ni siquiera estaba allí, cuando se hizo el pacto y se diseñaron las diferentes áreas», ha indicado.
Así mismo, ha negado que tuviera ninguna intención, tal y como sí sostiene Fiscalía, en enchufar o colocar a sus amigos: «De haber sido así también hubiera nombrado a otros directivos en otras empresas públicas que gestionaba. Y no se hizo», ha aclarado. En este sentido ha añadido: «Rodríguez también podría haber nombrado a más asesores en la Diputación a dedo puesto que había plazas para designar si hubiera querido colocar».
Cuando Rodríguez llegó a Divalterra, ha proseguido, «se necesitaba control y había mucho que hacer», lo que justificó, a su entender, el nombramiento de cogerentes. «Había que poner controles en la empresa y se pusieron. Y así lo decía el exjefe jurídico José Luis Vera en un informe», ha manifestado.
«Era una empresa --Divalterra-- muerta y sin futuro y tan solo utilizada para intereses espúreos de algunas personas. Se quiso trabajar y solucionar este problema y, para fomentar la transparencia, se buscó una empresa auditora externa», ha dicho, y se ha preguntado: «¿Qué sentido tiene que vigilen tu legalidad si tu intención es hacer ilegalidades?».
La abogada ha repetido que lo que se quería en Imelsa --después Divalterra-- «no era ni más ni menos que cumplir con el objeto social y superar la crisis reputacional que les llevó, incluso, a cambiar de nombre».
Sin plan preconcebido
Sobre las contrataciones en sí, la abogada ha indicado que no hubo ningún plan preconcebido y ha asegurado que antes de la contratación de 2015 su representado no contaba con ningún informe que cuestionara esta modalidad de contratos ni sabía que podían ser irregulares. Es más, ha dicho, «sí disponía de dos informes favorables».
También ha defendido que Rodríguez no intervino en los contratos ni conocía a los seleccionados, únicamente había coincidido en actos políticos con uno de ellos y conocía a otro que fue director de talleres de empleo de Ontinyent cuando gobernaba el PP.
«Rodríguez no participó entregando ningún currículum ni en las entrevistas. Solo le informaron sobre las capacidades de ellos. No dio ningún nombre ni mandó ningún correo o whatsApp enchufando a nadie. No participó en la redacción de contratos ni se le advirtió de ningún problema de forma inicial, ni por parte de los expertos ni de los técnicos jurídicos de Divalterra», ha aseverado.
No fue hasta noviembre de 2015, una vez efectuados los contratos, cuando supo por parte del exgerente Víctor Sahuquillo que podía haber alguna irregularidad. Y a la vista de sus manifestaciones, fue cuando pidió a los gerentes que solicitaran a José Luis Vera un informe, y en el mismo sólo se hablaba de «dudas» pero no de «ilegalidades». «Salvo esos correos ninguna irregularidad se le hizo saber a Rodríguez», ha repetido.
Por otro lado, ha coincido con las acusaciones en que estos contratos no pasaron por el Consejo de Administración: «No cabe duda de ello, pero tampoco hay duda de que no había ninguna reticencia ni nadie informó que la hubiera. Y de ahí a que no se conociera que se había contratado a siete personas, eso no. Se ha acreditado que estos nombramientos se hicieron a bombo y platillo y se les dio publicidad», ha subrayado.
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