Pleno de la Diputación de Barcelona. | Europa Press

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El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado el Presupuesto para 2023, que cuenta con 1.241,88 millones de euros --la cifra más elevada de la historia de la institución--, con 1.087,4 millones (aprobados este jueves) más una partida adicional de 154 millones procedente del remanente de tesorería, lo que supone un aumento del 4,28% respecto al de este año.

La presidenta de la corporación, Núria Marín, junto al diputado de Recursos Humanos, Hacienda y Servicios Internos, Carles Ruiz, y la vicepresidenta segunda, Carmela Fortuny, han presentado el Presupuesto en rueda de prensa media hora antes de debatirse en el pleno, donde las cuentas se han aprobado con el voto a favor de PSC, Junts, En Comú Guanyem y Tot per Terrassa; y la abstención de ERC, Cs y PP.

Las cuentas para 2023 --que son las últimas de este mandato-- mantienen el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos y no presentan déficit, un hecho que Marín, Ruiz y Fortuny han destacado teniendo en cuenta los «impedimentos» de los últimos años por la pandemia del Covid y la guerra de Ucraina.

En ese sentido, el Presupuesto prevé un crecimiento de más de un 55% de la partida destinada a los suministros (+4,1 millones de euros) a causa del aumento de los precios de la energía.

La Diputación prevé aprobar a principios del 2023 la partida adicional de 154,4 millones de euros, que irán destinados principalmente a los programas Resiliència 3.0 y Renovables 2030, con 50 millones cada uno.

El 83% para los ayuntamientos

Para Marín, este Presupuesto es «una carta de navegación ambiciosa y realista» teniendo en cuenta el mandato, que ha definido como complejo y difícil, y confía en poder ejecutar las cuentas como está previsto para continuar manteniendo el apoyo de la corporación a los ayuntamientos.

Ruiz ha destacado que el 83% del Presupuesto se destina a los ayuntamientos (más de 898 millones), lo que considera que refuerza a la Diputación como «una entidad de apoyo con la prestación de servicios y creación de redes», una característica que asegura que les hace diferentes a otras administraciones.

Ha valorado la capacidad de gasto de la corporación, un «éxito que tiene que ver con la musculatura que han ejercido los municipios que a pesar de las circunstancias difíciles han podido poner en marcha sus proyectos».

Para Ruiz, los elementos que facilitan mantener el apoyo a los consistorios son la suspensión de las reglas fiscales --que «ha permitido una capacidad inversora superior»--, la estrategia de encarar los recursos hacia la recuperación tras el Covid con el mantenimiento de políticas transformadoras, y el poder abordar el cambio climático.

Ingresos

Los ingresos proceden de tres fuentes de recursos diferentes: por un lado, 832,33 millones de la cesión y participación en los tributos del Estado; por otro, 213,72 millones de ingresos no tributarios (incluyen precios públicos y subvenciones, entre otros), y, por último, 41,39 millones de ingresos tributarios (entre los cuales se incluye el impuesto sobre actividades económicas y las tasas).

El Plan Xarxa de Governs Locals, con 274,47 millones de euros, continuará siendo una de las principales líneas de apoyo de la Diputación a los gobiernos locales; un programa que se materializa con el Catálogo de Servicios (132,1 millones), el Programa General de Inversiones (61,1 millones) y los programas sectoriales o específicos (81,2 millones).

Otros ámbitos que se beneficiarán de las cuentas (que consolidan el compromiso de la corporación con la implantación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS) son la red local de carreteras (44,7 millones), el proyecto Via Blava Anoia Fase I (4,5 millones), la Red de Bibliotecas Municipales (4,2 millones), las Acciones Plan Clima y el mantenimiento de los edificios y recintos corporativos, entre otros.