Broto creará una "asesoría energética para hogares" que ayude a "optimizar el gasto"

Esta oficina proporcionará información sobre ayudas y bonos sociales, y tambien asesorará a los usuarios para la contratación y facturación de consumo energético, ha explicado Broto en su comparecencia.

En su intervención, Broto ha señalado que «la situación es muy difícil» y que estas dos legislaturas han sido «muy duras» en esta materia, recordado algunas actuaciones, como la aprobación de la Ley contra la pobreza energética o la firma de convenios con empresas suministradoras para evitar los cortes de suministro.

«Es verdad que el Gobierno de Aragón no dispone de mecanismos para influir en los factores que inciden en el precio de la luz y el gas, otra cosa es que nosotros, en la medida de nuestras competencias, tenemos que hacer cosas para mejorar esta situación», ha aseverado Broto, recordando que «no todos los partidos han votado a favor de las medidas».

Broto ha mencionado algunas medidas vigentes, como el descuento del 25 por ciento del coste para los consumidores vulnerables, del 70 por ciento para las situaciones de pobreza severa, puntualizando que los beneficiarios deben cumplir unos requisitos, como tener la tarifa para pequeño consumidor o no tener una potencia superior a 10 kw. Además, no se puede cortar el suministro de energía si en el hogar hay menores de 16 años o personas con discapacidad de grado 2 o 3 o en situación de dependencia.

Unos 30.000 consumidores tienen el bono social térmico. Broto ha aludido a las acciones de educación permanente para consumidores de energía por parte de la Administración autonómica, orientadas al consumo responsable. En 2021 se formalizaron 5.580 consultas sobre energía eléctrica en la Dirección General de Consumo y 553 expedientes de reclamación.

Tras afirmar que el Gobierno de Lambán se encontró «desechos» los Servicios Sociales, Broto ha recalcado que los datos de vulnerabilidad de la Comunidad Autónoma «no son peores que en otras, son mejores» y, de hecho, «Aragón está entre las comunidades con mejor situación».

La parlamentaria de Cs Loreto Camañes ha dicho que la vulnerabilidad energética «se ha convertido en un problema de primera magnitud por el incremento de los precios, manifestando su preocupación por el aumento de »la brecha de la desigualdad". Ha apuntado que en septiembre las ayudas para combatir la pobreza energética superaban todas las concedidas en 2021 y el 75 por ciento de los hogares vulnerables afirman que no pueden mantener una temperatura adecuada en su casa y el 23 por ciento no dispone de calefacción.

Camañes ha llamado la atención sobre las personas que tienen un sueldo modesto, por lo que no tienen la consideración de vulnerables «y se quedan fuera del bono social eléctrico y térmico» y se deben plantear «si pueden calentar su casa o dedican sus ingresos a otras necesidades». Ha mencionado el caso de las personas aquejadas de enfermedades que les obligan a realizar un importante gasto eléctrico. La diputada de Cs ha propuesto utilizar la inteligencia artificial para detectar la pobreza energética oculta

«No digo que no podamos mejorar las cosas, pero el avance que se ha hecho en servicios sociales y vulnerabilidad ha sido muy grande, con apoyo de las entidades locales, las que más han sabido conectar con la vulnerabilidad», ha agregado Broto.

Complejidad

La parlamentaria del PSOE Pilimar Zamora ha aseverado que este problema ofrece «una gran complejidad» y ha rechazado «la demagogia y el electoralismo» de la oposición a este respecto. Ha dicho que las reformas del PP «dieron la espalda a los más vulnerables cuando más lo necesitaban».

Desde el PP, Marian Orós ha alertado de que el porcentaje de hogares en situación de pobreza energética subirá del 8 al 10 por ciento este año y ha aseverado que «muchas familias» están eligiendo «techo y comida», aludiendo a la «pobreza oculta» y la existencia de familias que no solicitan las ayudas por la burocracia o «vergüenza», también por no saber a quién acudir, en especial los mayores solos..

En representación de Podemos, Vanesa Carbonell ha dicho que este es «un problema estructural» y ha defendido «la nacionalización o gestión pública» del sector para «no dejar en manos del oligopolio bienes básicos como la luz o el gas».

Para la diputada de CHA Carmen Martínez, «el nudo gordiano» es la intervención en el precio de la luz, respecto de lo que el Gobierno de Aragón «poco puede hacer», dejando claro que los precios se han disparado, pero «no es por el social-comunismo», criticando así a VOX.

El parlamentario de VOX David Arranz ha subrayado que antes de que gobernara Pedro Sánchez había movilizaciones con un 3 por ciento de inflación y ahora, con un 11 por ciento, «no se mueve nadie», tras lo que ha asegurado que «la izquierda democratiza la pobreza», en alusión a los trabajadores con empleo que «cada vez más» acuden a Cáritas para pedir ayuda. Ha apostado por «acabar con las puertas giratorias».

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha enfatizado que el Gobierno de Aragón tiene como «prioridad máxima» el escudo social y «la protección a los más vulnerables» y ha hecho hincapié en que la subida de los precios de la energía están afectando desde los hogares más pequeños a las empresas.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha apostado por «dar una cobertura integral a los que menos tienen» y ha pedido al Gobierno regional que trabaje con «una visión amplia» y que abandone «el asistencialismo».