La jueza de Instrucción número diez de Sevilla, que investiga el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis, ha emitido un auto en el que aclara que «no es necesario en este momento procesal exigirle» al Ayuntamiento de Sevilla el pago de la fianza de más de cinco millones de euros como responsable civil subsidiario al «no existir riesgo de que no pueda hacer frente a sus responsabilidades que en un futuro pudieran recaerle».
Así consta en el citado auto, adelantado por Diario de Sevilla y consultado por Europa Press, en el que la jueza Pilar Ordóñez apunta que la resolución «no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de reforma». Este auto viene a aclarar el emitido el pasado 21 de noviembre en el que se decretó la apertura de juicio oral contra un total de seis personas investigadas en el procedimiento, todo ello después de que la Fiscalía y las acusaciones particulares presentaran sus escritos de acusación.
En concreto, los acusados son José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario; Sergio L.G., arquitecto técnico, y María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal.
En el auto, la magistrada abre juicio oral contra cinco de los investigados --Sandro José M.R., José Antonio M.P., Mario M.R., Encarnación R.J. y María José O.B.--, Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando responsables civiles a las compañías de seguros Axa S.A., Aig Europe S.A. (sucursal España) y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros.
La instructora, que declara a la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, declara responsable civil subsidiario de estos delitos al Ayuntamiento de Sevilla. De igual modo, la juez abre juicio oral contra Sandro José M.R., José Antonio M.P. y Sergio L.G. por un presunto delito de falsedad en documento oficial, así como contra José Antonio M.P., Sandro José M.R., Encarnación R.J y Mario M.R. por un delito leve de defraudación del fluido eléctrico.
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