La Asamblea aprueba, con los votos de PP y Vox, una nueva Ley de Servicios Sociales

Esta norma sustituye a la actual, en vigor desde 2003, para «actualizar e introducir las transformaciones sociales y legislativas» que se han producido desde entonces para dar respuesta a las realidades provocadas por la crisis económica o los efectos de la pandemia, según han señalado desde el Gobierno regional.

El documento regula el conjunto de prestaciones del sistema de servicios sociales y reconoce el derecho subjetivo de acceso por parte de los ciudadanos. Además, define el catálogo de servicios ajustado a las necesidades de los usuarios; establece mecanismos de participación; moderniza la estructura y el modo de funcionamiento del sistema público; ordena las fórmulas de financiación y colaboración con las entidades que tienen un papel en el mismo; e incorpora innovaciones tecnológicas y organizativas orientadas a mejorar la eficiencia de la atención.

La nueva Ley amplía la definición del Sistema Público de Servicios Sociales para «favorecer la integración, igualdad de oportunidades, autonomía personal, convivencia familiar y el bienestar de todas las personas, mediante una función promotora, preventiva, protectora y de atención frente a las necesidades originadas por situaciones de vulnerabilidad, exclusión, desprotección, desamparo, dependencia, urgencia o emergencia».

Además de dedicar un título específico a la promoción de la calidad, evaluación, inspección y transparencia e introducir un régimen sancionador tanto para entidades prestadoras como usuarios, el texto incluye a lo largo de sus 113 artículos novedades como la Historia Social Única, un registro de todos los datos del usuario (personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos) similar a una historia clínica, que tendrá un soporte digital para asegurar la interoperabilidad entre los recursos.

También ofrece el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que reflejará la organización del Sistema Público, tanto territorial como funcional, a través de la configuración de la red de centros y servicios recogidos en el Catálogo de Prestaciones.

Oposición

En el turno de los grupos políticos, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha asegurado que es «la peor ley de Servicios Sociales» que se podría haber presentado porque en vez de «proteger y cuidar» el servicio lo «destroza y pone en venta» y se ha hecho «a espaldas de todos».

Entiende que la Comunidad «sacrifica» el bienestar de «la mayoría social» para «alimentar la codicia» de una minoría, con, por ejemplo, las residencias de mayores, que «no mejorarán su situación» con esta norma.

Por su parte, el parlamentario de Vox José Ignacio Arias ha sacado pecho de las enmiendas de su formación, que permitirán entre otros «establecer las bases» para que a través de la Ley de Infancia los menores extranjeros no acompañados «puedan volver con sus familias».

Sus modificaciones también incluyen la familia como «eje social» o la Historia Social Única, como «control de las ayudas para evitar fraudes y duplicidades». Por último, ha defendido que no será una norma «ideológica» y que trabajarán para que se despliegue pronto su desarrollo.

En nombre del PSOE la diputada Lorena Morales ha calificado de «subasta de los servicios sociales» la ley, que no incluye «ninguna» reclamación de los sectores afectados y elimina la Mesa de Diálogo Social.

Además ha censurado que «abandona» a los mayores de residencias, eliminando «los pocos derechos» que tenían en la anterior, la obligación del Ejecutivo de «garantizar su dignidad» y resaltando las sanciones imponibles para potenciar el «silencio» en estos centros.

A continuación, ha tomado la palabra el diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha asegurado que da la espalda a la «realidad social» y no contempla la opinión de los profesionales que se dedican a este servicio ni sus usuarios. «Todos al unísono se han opuesto a esta ley», ha lanzado.

Entiende que no va a solucionar ninguno de los problemas «crónicos» que arrastra el sistema, ni la financiación, ni ratios ni una cartea de servicios homogénea ni la coordinación de los servicios sociales ni la precariedad. También ha afeado la «falta de controles» en el mismo y ha aludido el informe del caso de prostitución de menores tuteladas, que «se lleva esperando un año».