Con esta norma se refuerza el papel de este colectivo, puesto que en ella se califica el acto de dispensación como asistencial y se incorpora el concepto de indicación farmacéutica, han destacado desde el Gobierno regional.
Esta normativa permite la atención domiciliaria para aquellos pacientes en situaciones de dependencia o discapacidad que no puedan desplazarse a la oficina de farmacia de su elección. Se hará una entrega informada y vinculada al personal cualificado de la plantilla.
También desde el Ejecutivo han hecho hincapié en que actualiza y mejora la legislación vigente potenciando el carácter asistencial de los establecimientos dispensadores y el papel de los profesionales.
«Esta iniciativa permite la equidad en el acceso a los medicamentos favoreciendo la libertad horaria con los ritmos de vida de la sociedad actual», han apuntado a continuación. Esta flexibilidad puede llegar a la apertura las 24 horas para facilitar la adquisición de fármacos. También determina los sistemas personalizados de dosificación para mejorar la adherencia y efectividad de los tratamientos, con especial atención a los pacientes crónicos, polimedicados y dependientes.
Además, «asegura la atención profesional y la incorporación de secciones como nutrición y dietética en las propias oficinas de farmacia con el mantenimiento de las garantías de control y calidad».
La nueva ley regula la participación e integración de los establecimientos y servicios farmacéuticos en los dispositivos y medidas que se establezcan en caso de necesidad. Además, incorpora mejoras para facilitar la eliminación de medicamentos caducados o no utilizados por parte de los ciudadanos a través de sistemas de recogida autorizados, con el objetivo de no perjudicar al medio ambiente.
Es una ley "necesaria", dicen pp y vox
En el debate parlamentario, el diputado de PP Eduardo Raboso ha defendido que se trata de una ley «necesaria» porque «no hay ningún área de conocimiento humana que avance tan rápido como la Sanidad» y la anterior normativa se había quedado «obsoleta». «Las farmacias madrileñas estarán mucho mejor con este texto que con el previo», ha declarado.
La parlamentaria de Vox Gador Joya ha defendido que los farmacéuticos necesitaban «ser protegidos» por esta ley y, por eso, han incidido en que se respete «el derecho a la libre elección de farmacia» para que los residentes de los centros sociosanitarios puedan acogerse a ese servicio. Así, han querido, apoyando esta normativa, que sea «lo más respetuosa posible con ellos y con el ejercicio de su profesión».
"falta de consenso", critica la izquierda
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos-IU Vanessa Lillo ha criticado la «falta de consenso» a la hora de presentar esta normativa, que abre la puerta a la «privatización y la precariedad». Considera que más que generar «certezas jurídicas» incluye aspectos nuevos y no los desarrolla.
En su turno de palabra la diputada socialista Isabel Díaz ha asegurado que no es una «ley necesaria» con el articulado actual, ya que responde a «intereses gremiales no siempre compartidos por todo el colectivo». Augura que esta «ley coladero» permitirá la entrada de grandes operadores privados deslocalizados, una «amenaza» al modelo de farmacia mediterráneo que pone en riesgo de «desaparición» a los pequeños establecimientos.
El parlamentario de Más Madrid Javier Padilla ha criticado la normativa y ha sostenido que ellos seguirán apostando por el «alma comunitaria» de la farmacia y no «por el comercial». Así, ha defendido que son conscientes de que «territorializar la asistencia es una garantía de que no se van a 'uberizar' ni la prestación farmacéutica ni los derechos de los trabajadores».
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