El vicepresidente del PAR, Roque Vicente, el presidente Arturo Aliaga y senador del PAR Clemente Sánchez-Garnica. | Europa Press - EUROPA PRESS

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El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha expresado la voluntad de la comisión ejecutiva del partido de cumplir la sentencia del pasado mes de noviembre por la que el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza, Diego Gutiérrez, anuló el XV Congreso de esta formación, celebrado en octubre de 2021 y en el que fue reelegido presidente Aliaga.

En rueda de prensa, ha manifestado: «Lo que quiero es que nos dejen ejecutar la sentencia y volver al partido a la normalidad política».

Se ha pronunciado así después de que el militante crítico del PAR Xavier de Pedro --que fue quien llevó a los tribunales el XV Congreso--, haya presentado una demanda para pedir la suspensión de los acuerdos de la comisión ejecutiva del pasado 2 de diciembre, entre los que se encuentra la celebración de un congreso extraordinario antes de finales de enero de 2023, a quien el titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza le ha dado la razón, este viernes, en un auto que suspende la convocatoria de ese congreso extraordinario.

Aliaga ha subrayado que de ese auto se desprende que la ejecutiva que nació del XV Congreso «es válida» y va a ser «la que va a tener que cumplir la sentencia», es la que ha validado el juez, «lean el auto despacio», ha pedido.

También ha esgrimido que la convocatoria de ese congreso extraordinario fue una decisión «política» y quería expresar «la buena voluntad de cumplir la sentencia», pero no era una convocatoria formal porque no se fijó una fecha concreta, ni el reglamento, ni con qué compromisarios se iba a hacer.

Aliaga ha abundado al señalar que se tomó esa decisión «para demostrar a la sociedad y al poder judicial que nosotros tenemos la voluntad de cumplir la sentencia; pero que nos dejen cumplirla, porque cuando hacemos el congreso, luego nos presentan demanda» y «ahora medidas cautelares».

No voy a dimitir

El presidente del PAR ha descartado dimitir: «¿Voy a dimitir por qué lo pide un demandante? No, he sido elegido democráticamente, he ganado unas primarias, he ganado un congreso, estoy en un gobierno con un acuerdo político» y ha obtenido apoyos de los diputados de las Cortes de Aragón y de otras personas del partido que le respaldan «desde hace años».

«Por qué pide mi dimisión ¿por qué sí?» y ha instado a De Pedro a presentar al congreso del partido un proyecto para Aragón «y así me puede derrotar como le gustaría a él».

En vez de eso, ha criticado Aliaga, ha optado por «judicializar, impugnar y retrasar», cuando en mayo de 2023 hay unas elecciones municipales y autonómicas para las que están trabajando en las listas electorales, «pero esta maraña organizada contra la actividad política del partido nos preocupa».

Aliaga ha sostenido, en esta línea, que si se analiza el fondo de la cuestión, el debate debería ser presentar un proyecto para liderar el partido y que quien reciba más apoyos, lo haga. Pero «aquí no viene ninguna voz de integración», sino que dicen: «No, fuera, que se vaya éste, que se vaya el otro; no me presento, si hay un tramposo».

A su entender, la «buena voluntad» de la comisión ejecutiva «de acelerar un proceso democrático, de cumplimiento de la sentencia» ha quedado manifiesta, como también se refleja en la decisión de no recurrir la sentencia de anulación del congreso. Sin embargo, «la voluntad del actor demandante todavía no la sabemos» e igual antes de que termine el plazo para que la sentencia se haga firme «vuelven a presentar otra demanda».

Aliaga ha estimado que existen interés «en obstaculizar el desarrollo normal de la actividad de este partido», que está trabajando «codo a codo, todos los días, en las instituciones», mediante la judicialización «de toda nuestra vida política».

En este punto, ha pedido respeto a militantes, alcaldes y concejales del PAR y a quienes eligieron a la actual ejecutiva. «Se están vulnerando determinados respetos a determinadas personas, que quedan perplejos cuando ven estas acciones jurídicas, que solo pretende obstaculizar el funcionamiento normal de la vida política del partido».

Aclaraciones al juez

Aliaga ha indicado que la comisión ejecutiva no va a tomar ninguna decisión hasta que la sentencia sea firme y ha anunciado que están preparando un escrito para pedir aclaraciones al juez con el objetivo de saber «cuál va a ser el siguiente movimiento» y así evitar nuevas demandas que se pudieran prolongar hasta el mes de mayo.

Ha comentado que el auto «desbroza parte del camino» al estimar que la actual comisión ejecutiva «es valida para cumplir la sentencia» y ahora van a pedir aclaraciones «para que el siguiente paso tenga todas las garantías jurídicas» y sea «inexpugnable».

También ha apuntado que en el auto el juez dice que ha quedado clara la voluntad de la comisión ejecutiva de no recurrir, pero también «que la parte demandante todavía está jugando al escondite» y no se sabe si recurrirá; «eso lo que leo yo».

Por otra parte, Aliaga no ha querido pasar por alto que se haya emitido un auto sin escuchar a la parte demanda. «Es que es inaudito que el demandante lo solicitara y que se haya determinado un auto sin escuchar a la parte demandada».

Aliaga ha recordado que la comisión organizadora del congreso sí es válida, según la sentencia de noviembre. Fuentes del PAR han comentado que ese sería el punto de partida para iniciar la organización de un nuevo congreso. El proceso debería incluir la modificación del censo, la aprobación de un nuevo reglamento para el congreso, que la ejecutiva diera el visto bueno y se convocara el congreso.

Las citadas fuentes han advertido de que si bien el plazo en el que la sentencia de noviembre se haría firme es el 2 de enero, se puede prolongar porque la semana que viene está previsto que se apruebe en el Senado la Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

Esa es la ley que recoge la supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación, pero también incluye la declaración como inhábiles a efectos procesales los días que van del 24 de diciembre y el 6 de enero, lo que podría afectar al plazo para que la sentencia se considere firme.

No opino de otros partidos

El dirigente político no se ha querido pronunciar sobre el anuncio realizado este viernes por el presidente del PP Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, de que va a ser el candidato a la Presidencia de la comunidad autónoma en las elecciones de mayo de 2023.

«No opino sobre las decisiones que toman respecto a sus candidatos otros partidos», ha sentenciado. Sobre futuros pactos postelectorales con el PP ha dicho: «Primero hay que ganar las elecciones y luego ya veremos lo que digan los aragoneses» ya que habrá que actuar «dependiendo del tablero» político. «No podemos anticipar» y un posible pacto «ni lo niego, ni lo descarto, ni medio pensionista; neutro», ha zanjado.