Así se recoge en un acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado martes, 13 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, por el que se autoriza el expediente de gasto derivado de la revisión de oficio por la que se declara la «nulidad» de la contratación, «sin formalización alguna», con la empresa José Manuel Pascual Pascual, S.A., para la prestación de asistencia sanitaria en los hospitales Santa María del Puerto de El Puerto de Santa María, Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda y Virgen de las Montañas en Villamartín, todos ellos de la provincia de Cádiz, durante el periodo comprendido entre los días 1 de noviembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, por un importe total de 46.737.719,58 euros, exento de IVA.
En la parte expositiva de este acuerdo, desde la Consejería de Salud y Consumo explican que, «entre los contratos suscritos por el Servicio Andaluz de Salud, figuraba el expediente 2901/2017, formalizado el 8 de junio de 2017», con la citada empresa José Manuel Pascual Pascual, S.A., «para la prestación del servicio de disponibilidad asistencial de los servicios» de los citados hospitales gaditanos con un plazo de ejecución de «cuatro años desde su formalización», de conformidad con lo establecido por el Decreto 165/1995, de 4 de julio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de Centros Hospitalarios y de suscripción de convenios y conciertos entre la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud y entidades tanto públicas como privadas.
De esta manera, dicho contrato «concluyó con fecha 8 de junio de 2021», según advierte la Consejería, que expone que «desde dicha fecha se continuó atendiendo pacientes, sin que se formalizara la contratación, dada la imposibilidad de prestar asistencia hospitalaria con medios propios del Servicio Andaluz de Salud al no disponer el Sistema Sanitario Público de Andalucía de las infraestructuras necesarias para tal fin en esas zonas geográficas».
Según sostiene la Consejería que dirige Catalina García, se trata de «un acto nulo de pleno derecho», y por eso procede «la revisión de oficio para la declaración de nulidad», si bien a la vez «se entiende que se ha de abonar la asistencia prestada al objeto de que el contratista pueda asumir sus obligaciones laborales, fiscales y de cualquier otra naturaleza».
Así pues, «de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y aplicando el artículo 42 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre», de Contratos del Sector Público, «procedería el abono de los servicios prestados, minorado en el 6% en concepto de beneficio industrial, por la cuantía de 46.737.719,58 euros».
Teniendo en cuenta que el importe de esta contratación supera los 8.000.000,00 euros, y de conformidad con el artículo 28.1 de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021 --prorrogado para el ejercicio de 2022--, se hace «necesaria» la autorización del Consejo de Gobierno para este expediente de gasto, que es precisamente lo que acordó el Ejecutivo andaluz el pasado martes.
Se da la circunstancia de que, un día después, el pasado miércoles 14 de diciembre, el Pleno del Parlamento validó, con los votos del PP-A y Vox, y pese al rechazo del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, un decreto de autorización al Servicio Andaluz de Salud para la firma de un acuerdo transaccional con el mismo grupo José Manuel Pascual Pascual por el que la Junta abonará 121 millones de euros a esta empresa para que desista de los procedimientos judiciales que tiene abiertos contra el Gobierno andaluz por la resolución de contratos anteriores.
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