La operación policial comenzó a raíz de una información anónima que acusaba al propietario de una asesoría de Alicante de estafar a extranjeros en situación vulnerable, según han informado las fuerzas y cuerpos de seguridad en un comunicado.
Una trabajadora de la asesoría era la que captaba a los clientes a los que prometía contratos de trabajo, pues este es uno de los principales requisitos para obtener el permiso de residencia. Una vez concertada la cita en la asesoría, pedían a las víctimas que pagaran en efectivo y por adelantado entre 5.000 y 9.000 euros por los trámites.
El responsable de la asesoría contactaba con varios empresarios que se ofrecían a realizar ofertas laborales que finalmente no se llevaban a cabo. Además, al ser mandada la documentación a la oficina de extranjeros de Alicante, esta era enviada por la asesoría intencionadamente con errores para que las solicitudes fueran rechazadas.
Varias víctimas manifestaron a los agentes que, cuando se presentaban en la asesoría a reclamar, la trabajadora les coaccionaba para que no denunciasen los hechos ante la Policía, argumentando que si lo hacían serían expulsados o nunca obtendrían el permiso de residencia.
La operación --llevada a cabo por el Grupo III de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de Alicante-- ha culminado con la detención de nueve personas: cinco empresarios y dos mujeres a los que se les acusa de un delito de falsedad documental; la trabajadora de la asesoría a la que se acusa de falsedad documental, estafa y coacciones; y el abogado y propietario de la asesoría al que se le acusa de falsedad documental, estafa y fraude a la Seguridad Social.
Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante.
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