La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha resuelto la concesión de ayudas económicas por valor de 7.671.059 euros a 294 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para desarrollar el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y facilitar la conciliación personal y laboral de las familias.
La Conselleria ha resuelto la concesión de estas ayudas a 59 municipios de la provincia de Alicante por un total de 1.521.197 euros; a 55 de la provincia de Castellón con 680.862 euros y a 180 municipios de la provincia de Valencia con 5.469.000 euros.
Con estas ayudas, los ayuntamientos beneficiaros podrán crear bolsas de cuidado profesional para familias del municipio con hijas e hijos de hasta 16 años, ha indicado la Generalitat en un comunicado.
En concreto, se destinarán a subvencionar el desarrollo de servicios y actuaciones que contribuyan a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de acuerdo con las necesidades laborales de la zona en la que se desarrollen, para garantizar así los cuidados como un derecho.
Estas actuaciones podrán consistir en la habilitación de servicios de atención y cuidado profesional de calidad de menores de hasta 16 años que puedan prestarse en dependencias públicas convenientemente habilitadas (escuelas, centros municipales, bibliotecas, polideportivos, entre otros) incluido el servicio de canguro.
Las ayudas también podrán destinarse a la organización de actividades de ocio y tiempo libre, siempre y cuando se desarrollen en horarios no escolares y periodos no lectivos, como escuelas de verano, de invierno y similares.
En todos los casos, se debe fomentar la cultura, la coeducación, la participación, la educación ambiental, la educación emocional y la interculturalidad.
Empleo de calidad, estable y no deslocalizado
Además de favorecer la conciliación de las familias, estas medidas contribuyen a crear empleo de calidad, estable y no deslocalizado en este sector, favoreciendo la contratación de personas jóvenes y de mujeres mayores de 45 años, que son los colectivos más afectados en términos de desempleo, al tiempo que se visibilizan y se reconocen las tareas de las personas cuidadoras.
Las entidades beneficiarias deben establecer sistemas de adjudicación que otorguen carácter prioritario a la atención de familias monoparentales, víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años o a unidades familiares en la que existan otras responsabilidades relacionadas con los cuidados.
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